Movimiento Ciudadano en San Luis Potosí aún dista de ser un partido con los números suficientes para aspirar ya no digamos a derrotar a las primeras fuerzas de la entidad, sino para no pasar en una elección en el que su registro esté en riesgo.
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Aun así, siguiendo la estrategia de la última elección presidencial, seguirá manteniéndose en solitario en el 2027. Y eso se extendería a los estados.
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Aunque el partido establece una especie de "nos reservamos el derecho de admisión" vinculado a la honestidad de los partidos, una vara que, pensando en todas las alternativas, debe estar muy alta.
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Quizá el hecho de que el 2024 no fuera un desastre en los números finales naranjas influyó en esa decisión. Sin embargo, habrá que ver si en San Luis les resulta.
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La resistencia de MC a acercarse a otras fuerzas políticas también pega a la oposición. No hay que olvidar los reproches que el PAN y el PRI le lanzaron al partido naranja por resistirse a formar una coalición contra Morena e incluso lo acusaron de ser un esquirol para distraer votos de la oposición.
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En un panorama en el que el PVEM es dominante, cada voto cuenta y seguramente el PRI y el PAN lo resentirán.
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El gobierno estatal se vanaglorió de que un costoso y polémico proyecto, la ampliación del Bulevar Río Santiago hasta Palma de la Cruz, en Soledad, ya se había deshecho de un pesado lastre legal, un amparo que detuvo la obra un buen rato, le surge otro.
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La referencia gubernamental era hacía un amparo de ejidatarios que exigían beneficios directos de la obra. No se preció si ese proceso se resolvió a favor de alguna de las partes o si se destrabó con un acuerdo, lo que implicaría que hubo recursos públicos de por medio.
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Sin embargo, Cambio de Ruta, una organización que ya le tomó la medida legal a esta administración, recordó que hay otro amparo, de naturaleza completamente diferente, pues se trata de la unilateral decisión de deforestar buena parte de los márgenes del canal, que sigue en marcha.
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A ver si no hubo celebración antes de tiempo.
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El escándalo del viaje de abonados del Atlético de San Luis a Miami ya le pegó a funcionarios estatales.
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Habrá que echarle un ojo a la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado y Municipios de San Luis Potosí. Esta prohíbe explícitamente a los servidores públicos estatales y municipales recibir obsequios, donativos o beneficios de cualquier persona u organización derivados de sus funciones.
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El traslado a la tierra de Disneylandia entraría en la categoría de beneficios.
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Adicionalmente, la ley también prohíbe que estos beneficios sean recibidos a través de terceras personas, como cónyuges, familiares o socios de algún funcionario o funcionaria, como es este caso.
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En todo caso, este asunto parece haberle metido un gol a la ética de los funcionarios.