Pese a lo que digan las autoridades, el subejercicio de recursos es un mal ejercicio del erario. Cuando se ha reportado esta situación en el gobierno del estado o en los ayuntamientos, con recursos de la Federación o fondos propios, la respuesta es similar: no se desvía y, al final, los recursos serán ejercicios en su totalidad.
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Hay casos en que sí, pero hasta meses después del ejercicio para el que fueron asignados. Y así, tenemos la paradoja de que, teniendo dinero, las autoridades no lo ejercen en problemas de urgente resolución.
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Un ejemplo son los fondos para seguridad que reciben el estado y los municipios. Prácticamente no ha habido año en las últimas tres administraciones estatales en las que no se registre un subejercicio del Fondo de Aportaciones para Seguridad Pública (FASP).
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No hay, tampoco, reporte de la Auditoría Superior de la Federación que no consigne, precisamente, esta falla en el ejercicio de los recursos públicos.
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Pero las dependencias señaladas se escurren con los argumentos de que las observaciones serán solventadas.
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El endurecimiento que propone la iniciativa del diputado panista Ricardo Villarreal podría generar, ante la amenaza de una sanción, a que se erradique esta nociva práctica.
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En el gobierno del estado rechazaron la posibilidad de haberse beneficiado con el espionaje, vía el software que puede infectar a teléfonos celulares conocido como “Pegasus”, que también alcanzó a personajes potosinos.
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Sin embargo, y como bien lo recuerda el organismo civil Ciudadanos Observando, esta administración dispone de aparatos que hacen, prcisamente, lo mismo, espiar celulares, a través de un método distinto.
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Se trata de los aparatos para espiar teléfonos celulares comprados durante la administración de Fernando Toranzo Fernández. El punto en común con el caso “Pegasus” es la irregularidad de la compra, a través de una empresa de la Ciudad de México que no tenía antecedentes ni historial sobre la venta de esta clase de aparatos.
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Al inicio del gobierno de Juan Manuel Carreras López, se supo que uno de los dos aparatos adquiridos simplemente desapareció, sin que se sepa si hubo acciones legales para recuperarlo.
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El otro, sigue en la Fiscalía General del Estado, y el conocimiento público de su uso está restringido por la opacidad legal que conceden las reservas de la Ley de Transparencia.
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Así las cosas, recordar de vez en cuando que el gobierno estatal tiene capacidad para el espionaje a prácticamente, quien quiera.
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¡HASTA MAÑANA!