Parece que el mal ejemplo cundió y varios alcaldes están corriendo la idea de enfilar a cónyuges a sucederlos.
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Es natural que lo intenten, pues si ya resultó una vez, incluso aún en contra de los deseos presidenciales y del partido mayoritario y, hasta el momento, no se observan consecuencias.
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Tienen vía libre, pues la legislación que prohíbe esta práctica entrará en vigor hasta el proceso electoral de 2030.
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Así que en la elección del año entrante podría ser conocida como la elección nepotista.
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Como lo hizo la dirección general de la Comisión Nacional del Agua, la representación en el estado dio por muerto al proyecto de Monterrey VI.
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Parece que al gobierno de Samuel García le estalló una situación contraproducente, pues además de la negativa de la Federación y a la oposición que ha generado en San Luis Potosí, enfrenta críticas locales.
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Se trata de los recordatorios, bien aprovechados por la oposición, de las críticas que Samuel García hacía al proyecto cuando era senador.
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Especialmente uno en el que señalaba que dedicaría una buena parte de sus esfuerzos a descarrilar el proyecto que entonces promovía un gobierno priista.
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El asunto es que Monterrey VI parece enfilarse, otra vez, al limbo.
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El gobierno estatal sigue reincidiendo en la omisión de cubrir las participaciones que está comprometido a hacer a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.
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Como el año pasado, la administración de Ricardo Gallardo Cardona no ha sido capaz de entregar completas las asignaciones a la institución educativa.
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De acuerdo al tablero de cumplimiento de obligaciones que publica la Subsecretaría de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública, hasta el mes pasado, de 410.9 millones de pesos que debería haber liberado, sólo ha pagado 212.9 millones de pesos, quedando pendientes 198 millones de pesos.
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O, pese a la presunción de salud financiera, las arcas estatales están teniendo problemas para cubrir sus obligaciones, o se trata de un juego de mala fe buscando afectar a una institución que no ha aceptado plegarse a la influencia de Palacio de Gobierno.
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Pareciera, por los antecedentes, que es más bien lo último.
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Lo que es inexplicable es cómo puede quedar tan inerme la UASLP sin que el gobierno federal le recuerde, e incluso obligue, al gobierno estatal a cumplir con un acuerdo signado con bastante antelación.