El alcalde Enrique Galindo Ceballos alertó ayer de que a la ya larga temporada de sequía se le suma la crisis financiera debido al escaso margen de maniobra que se le dejó al Interapas para allegarse recursos, lo que agravaría la de por sí problemática crisis del agua.
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A ello habría que agregarle la politización extrema que ha alcanzado el asunto, al grado de hacer inviable la cooperación entre el gobierno del estado y el ayuntamiento capitalino.
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Sobre todo de Palacio de Gobierno, que sigue dando muestras de que buscará entorpecer lo más que pueda al gobierno de Galindo Ceballos y al Interapas en su esfuerzo de enfrentar el problema.
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Ayer, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona volvió a arremeter contra el esfuerzo y hasta elevó el problema de la sequía al rango de herramienta electoral al señalar que el problema de la sequía se solucionaría cuando el PVEM gane la alcaldía de la capital.
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Así, el mandatario estatal le dio a la constante oposición de su gobierno a las políticas y acciones que a la alcaldía y al Interapas, un cariz de herramienta política para conseguir un fin electoral.
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Y esa posibilidad podría darle la puntilla a la capital, que ve cada vez más lejana la posibilidad de una solución integral y duradera.
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Pero no sólo en el asunto del agua hay un choque entre los dos palacios de la Plaza de Armas.
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Ambas entidades se han echado la pelotita por un grave problema: la falta de vigilancia vial en el Circuito Potosí, escenario el fin de semana pasado de un grave accidente generado por arrancones de motos, una práctica abiertamente ilegal.
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La alcaldía fue la primera en evadir la responsabilidad, al señalar que ese tramo vial es responsabilidad estatal, por lo tanto, la vigilancia estaría a su cargo.
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Y ayer, el gobierno estatal hizo lo propio al señalar que son los ayuntamientos los que deben encargarse de la vigilancia de las vialidades.
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El asunto es grave porque lo más probable que ocurra es que ninguna autoridad realice esa tarea y deje vía libre para que sigan realizándose este tipo de eventos ilegales, poniendo en riesgo la integridad de quienes participan y aún de terceros.
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Las guerras burocráticas y políticas entre el gobierno estatal y la capital han probado ser costosas, esteriles pero, sobre todo, dañinas para la ciudad y para sus habitantes.
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Lo deseable es que, en ambos casos, la cordura y la responsabilidad se impusiera en el ayuntamiento y en el Palacio de Gobierno, pero parece remoto.
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