El gobierno del estado abre otro frente de controversia al esbozar una serie de irregularidades en proyectos de largo plazo relacionados con la administración de Marcelo de los Santos Fraga.
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Concretamente, se trata de los proyectos del penal de Ciudad Valles y la planta tratadora del Tanque Tenorio.
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Ambos entran en la clasificación de contratos de prestación de servicios, una herramienta financiera que representa un arma de doble filo para las administraciones. Sólo basta con recordar que el contrato del acueducto El Realito es de esta naturaleza. Y para nada es un secreto que este es uno de los peores negocios que ha hecho el gobierno potosino.
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En teoría, la instancia contratada se encarga de realizar el proyecto a cambio de una contraprestación, en casi todos los casos, durante un largo plazo.
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El asunto es que la carga trasciende la administración contratante, lo que genera quejas.
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Ricardo Gallardo no es el primero que objeta el proyecto. En 2009, Fernando Toranzo Fernández incluyó el costo del proyecto, 486 millones de pesos, en la suma total del pasivo heredado por su antecesor.
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El contador panista, mediante un desplegado, desmintió la especie, aunque sin mayores argumentos.
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De cualquier modo, Toranzo Fernández siguió pagando la contraprestación. Pues el gobierno de Juan Manuel Carreras López informó en la cuenta pública del segundo trimestre de 2021 que al iniciar su periodo, el saldo del contrato era de 298.8 millones de pesos, mientras que a junio de 2021, ya casi por terminar el sexenio anterior, había disminuido a 126.8 millones de pesos.
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El gobierno actual no ha dado ninguna información sobre el saldo pendiente.
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Por lo que respecta a la tratadora del Tanque Tenorio, llama la atención la revelación de que una institución bancaria “se cobró a lo chino” 200 millones de pesos de la contraprestación destinada al financiamiento de los gastos de operación.
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Según la versión oficial, la incautación se dio antes de que venciera el plazo de pago, pero en un escenario en el que han quedado evidentes las dificultades financieras de esta administración, habrá que ver qué tan exacto es el argumento del cobro injustificado.
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En el caso de la elección en la Canaco se ofrecieron indicios de que el conflicto por la presunta exclusión de una candidata es más un caso de cumplimiento de la normatividad.
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Si alguna de las candidaturas que pretenden participar en la elección no cubre todos los requisitos acordados, es claro que no habría modo en que lo hiciera.
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Intentarlo por métodos de presión con argumentos insostenibles no parece la mejor idea. Y eso lo sabe la comisión organizadora de los comicios, que ya anticipa que no habrá una segunda vuelta.
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¡HASTA MAÑANA!