Sea el gobierno federal, la Secretaría de Finanzas o la Secretaría de Salud, o las tres instancias, el mantener sin percepciones a los trabajadores del Hospital Central es una llana y total injusticia.
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La estrategia del gobierno del estado va a ser responsabilizar al gobierno federal. Los documentos apuntan a que tiene razón.
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Sin embargo, las autoridades locales son corresponsables por no intentar siquiera una solución provisional y permitir que el problema detonara como lo hizo ayer.
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Los pretextos van a sobrar, pero el hecho de que las autoridades hayan dejado en una situación extrema al sector sobre cuyos hombros pesa la suerte de la población es una total injusticia.
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Resulta una total incongruencia elogiarlos casi diariamente como héroes, al mismo tiempo que se les lesiona en su legítimo derecho de recibir las percepciones que muy duramente se han ganado.
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Que la alta burocracia, que ha pasado buena parte de la pandemia bajo resguardo y recibiendo la atención necesaria cuando la ha necesitado, como los diputados locales, por ejemplo, estén por recibir sin atraso ni recortes, sus jugosas percepciones de fin de año, es un insulto para ellos.
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Lo que es una desgracia para los trabajadores del Hospital Central es que no se trata de una situación fácil. El Ignacio Morones Prieto está totalmente descapitalizado, subsidiando la atención médica de miles de personas sin esperanza de recuperar los recursos.
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Lo que se les adeuda a los empleados es sólo una parte de los pasivos que enfrenta la institución.
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Desde hace años, el gobierno estatal ha venido incluyendo al Hospital Central en la lista de los riesgos para las finanzas públicas. Parece que seguirá más tiempo en esa situación.
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Y ya hizo crisis.
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En torno a la situación financiera que espera el estado el año entrante, habrá que preguntar qué tipo de bola de cristal tienen para augurar que el balance en los presupuestos de ingresos y egresos se dará en entre 2022 y 2024.
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Así lo expresa en la exposición de motivos de la iniciativa presupuestal de 2021, al señalar las dificultades económicas que enfrenta el estado.
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En un entorno en el que la incertidumbre es dominante y en que planear lo que sucederá en un mes es una apuesta arriesgada, el gobierno potosino pone plazo al inicio de la recuperación.
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Sería muy interesante conocer cuáles fueron los fundamentos técnicos y financieros sobre los que se hizo ese pronóstico.
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La protesta de los trabajadores del Hospital Central, junto con manifestaciones de taxistas y vendedores ambulantes, provocaron un caos vial que afectó negativamente a la capital.
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Pero no sólo fueron ellos, sino también la total ineptitud de las autoridades estatales y municipales para diseñar una estrategia que pudiera ejercer el mínimo control para evitar que la vialidad se fuera al infierno.
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¡HASTA MAÑANA!