En México, ser migrante extranjero sin papeles implica la pérdida de casi todo derecho, al grado de que puede ser blanco de cualquier tipo de vejación de grupos delictivos, de civiles y hasta
de autoridades.
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Y uno de esos derechos es el de la justicia. Desde el mes pasado, cuando se conocieron los datos mensuales de la incidencia delictiva correspondientes a abril, se detectó una incongruencia: pese a que decenas de personas habían sido blanco de secuestros masivos en tramos de la carretera 57 en Matehuala, 86 según las autoridades y 122 según otros conteos, en los reportes de incidencia delictiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública sólo se registraba una denuncia por ese delito, y nueve vícti-
mas afectadas.
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Lo anterior pese a que la Fiscalía General del Estado había informado que las víctimas habían sido atendidas.
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Al mes siguiente, otro caso, el de un autobús proveniente del sur del país que fue secuestrado en la carretera 57, aunque las autoridades del estado negaron que el hecho ocurriera en territorio potosino, no generó ningu-
na denuncia.
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Ni en San Luis, ni en Nuevo León, estado donde el gobierno estatal dijo que había ocurrido el Plagio, ni en las cifras de deli-
tos federales.
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Pese a que los migrantes fueron ubicados en Nuevo León, un operativo extraterritorial de dependencias potosinas rescató a las víctimas, que fueron traídas a San Luis, donde fueron atendidos y, presuntamente, tuvieron oportunidad de denunciar.
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Y si no hay denuncias, las autoridades tienen el argumento de no iniciar una investigación por la falta de esa formalidad.
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De esa manera, estos casos de secuestro masivo cayeron, al parecer, en un agujero negro, como el que se traga los derechos de los migrantes.
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Se mencionaba aquí que el proceso de renovación de la dirigencia estatal priista iba a generar controversias y ya empiezan a aparecer las primeras.
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El entramado legal de un proceso de selección de líder estatal del PRI, que parece estar diseñado para beneficiar sólo a la actual encargada interina del comité, Sara Rocha, con el aval desde el centro de “Alito” Moreno, está en manos muy cuestionables.
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Por un lado, está el exregidor Alberto Rojo Zavaleta, coleccionista de señalamientos como priista y como exfuncionario público, el más grave, el de acoso sexual a migrantes menores de edad a su paso por el INM.
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Y por el otro, Glafira Ruiz la cuestionada contralora interna del ayuntamiento de la no menos polémica Victoria Labastida Aguirre.
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¡HASTA MAÑANA!