Quizá no se deba sólo a la falta de lluvia. La crisis hídrica que vive la zona metropolitana también se debe a una larga tendencia de imprevisión que data de varias administraciones federales, estatales y municipales. Uno de varios síntomas de esta situación está la aparente ineficacia e ineficiencia con que se han manejado las recaudaciones relacionadas con el uso del agua, que es un bien de la nación, y la inexistencia de información sobre si esas sumas retornan en forma de obras hidráulicas.
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El Centro de Investigación Económica y Presupuestal indagó el destino de los recursos recaudados por estados y municipios por concepto de uso y aprovechamiento de aguas dentro de sus propias esferas.
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En teoría, este dinero debería ser invertido en obras que, precisamente, ayudaran a paliar los efectos negativos de la sequía.
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En el caso de San Luis Potosí, la CIEP no encontró información sobre si los más de mil millones de pesos recaudados por estos conceptos, van a obras hidráulicas.
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En el mejor de los casos, se trata de un grave caso de opacidad. En el peor, sería el indicio de que el dinero tuvo otro destino, quizá irregular.
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Así, las obras que se han dejado de hacer también son parte del impacto negativo que genera hoy la sequía.
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Y nos enfrenta a una realidad: sigue habiendo imprevisión en la planeación de obra hídrica. ¿Qué si no puede considerarse, por ejemplo, la apresurada idea de construir un acueducto entre la planta tratadora de Los Filtros y El Peaje, una presa que no tiene agua?
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El proyecto de remozamiento de varias calles de San Miguelito podría entrar en una etapa indeseada por el gobierno estatal: la judicialización.
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Y no sólo eso. La intención de tramitar un amparo por parte de la fundación Gilberto Rincón Gallardo tendría como principal argumento un tema que aquí se ha convertido en un dolor de cabeza para administraciones estatales, ayuntamientos y el Congreso.
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Se trata de la toma de decisiones públicas sin cumplir el requisito de la consulta pública, en este caso, a los sectores de la población con discapacidad.
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Los reveses legales que se han registrado en varios casos demuestra que las autoridades potosinas no tienen la capacidad de realizar este tipo de consultas.
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Si el amparo llega a avanzar, la Seduvop se va a meter en un gran problema.
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¡HASTA MAÑANA!