De acuerdo con cifras que cada año actualiza el abogado José Mario de la Garza Marroquín, el índice de impunidad de los delitos alcanza más del 98 por ciento, si se considera que la actividad jurisdiccional sólo observa en juzgados apenas el 1 o 2 por ciento en cifras variables, mediante un proceso judicial, mientras que al Ministerio Público, sólo llega a concretarse como denuncia del 8 al 10 por ciento de los hechos delictivos, ya sea por falta de cultura de la denuncia o por desconfianza en las autoridades.
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La alta incidencia de impunidad es sinónimo de que las instituciones no funcionan como estaba previsto, que el distanciamiento social de los ciudadanos con sus autoridades de procuración de justicia no es nuevo, sino de décadas, y que la relación de confianza entre autoridades y víctimas del delito aún arroja muchos pendientes de construcción. El antecedente que arroja evidencias sólidas, es visible en los libros de gobierno, que enlistan centenares de denuncias que, con independencia de su gravedad, no siempre van a desembocar con detenidos en un juzgado, a pesar de que estos son los responsables de la reparación del daño.
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Si a ello se agregan casos fortuitos, tales como la pandemia que mandó a casa casi todo el personal, están dadas las condiciones para que el trabajo de investigación del delito sea mucho más lento. Laborar con el 8 por ciento del personal, se asemeja más al resultado de una presión sindical que a una medida de seguridad sanitaria. El poco personal que trabaja en la Fiscalía o en las labores operativas se encuentra en riesgo, mientras con el resto de los empleados aún no es posible organizar un regreso de actividades en forma responsable y sin exponerse.
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Obviamente, la baja en la actividad también desahoga la carga de trabajo al Poder Judicial del Estado, que ha retomado actividades diversas con muy estrictas medidas de seguridad sanitaria y condiciones que dejarán a los abogados a la suerte de su puntualidad o prisa para llegar. Así sucede con los diversos juzgados donde sólo pueden desarrollar actividades cuatro abogados por turno, sus demandas deben ser depositadas en un buzón y esperar a la apertura de más juzgados o a la llegada de personal para el desahogo de algunas de sus promociones legales. La resolución de apelaciones no lleva ya tanta prisa y la revisión de expedientes es una tarea en la que no se sabe a qué hora concluirá el abogado investigador.
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Si no hay medidas creativas para desahogar todos los procesos legales, sobre todo de la materia penal, difícilmente habrá una fecha en la que se normalice el procesamiento de asuntos desde la perspectiva de la investigación ministerial y el desahogo de los procesos judiciales. El rezago en los expedientes acumulará cifras de alarma a la lista de pendientes de investigación del delito, que se quedaron archivados en servidores digitales o en carpetas guardadas en cajas o escritorios, y únicamente arrojará resultados para alimentar el semáforo rojo de incidencia delictiva.
Y a propósito de lentitud, por causas que no son imputables a la Fiscalía General del Estado, parece haber poco interés institucional en la vida al cargo de fiscal anticorrupción, después de la renuncia del primer abogado que ocupó el cargo, el ex diputado local Jorge Alejandro Vera Noyola, quien presuntamente dejó el cargo por falta de presupuesto para ejercer la función pública, y presuntamente por presiones de acaudalados grupos de servidores públicos que eran objeto de investigación por probables hechos de corrupción, y no le permitieron ejercer el cargo con soltura.
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La corrupción desde los gobiernos es uno de los puntos más sensibles y por lo general lleva muy abiertas resistencias. Un ejemplo de ellas, es la muy marcada dificultad para conformar los organismos garantes de la persecución de los delitos relacionados con hechos de corrupción. No hay fecha para constituir en su totalidad los órganos jurisdiccionales, y tampoco la voluntad para de una vez robustecer las instituciones.