El fantasma del estancamiento económico vuelve a aparecer con el más reciente reporte del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) sobre el empleo.
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La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo correspondiente al primer trimestre muestra un desempleo creciente, en comparación con el cierre de 2025 de 2.7 al 3 por ciento.
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Pero quizá el dato más preocupante está en la informalidad laboral, que con 55.7 por ciento. Un año antes, el indicador fue de 55.2 por ciento, es decir, que, porcentualmente, la economía potosina no pudo hacer descender este indicador.
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La cosa se pone peor al interpretar la estadística con números absolutos. En el primer trimestre de 2025, eran 713 mil los potosinos enfrentando condiciones de precariedad laboral. Para este año, son 736 mil, es decir, 23 mil empleados más.
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Se trata de los trabajadores de establecimientos que no cumplen con las mínimas normas de formalidad, lo que impacta en las prestaciones del trabajador.
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La situación refleja un incumplimiento cabal de los empleadores, mientras que a las autoridades, las exhibe por no mantener el control fiscal de los empleadores.
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También refleja una cosa: la incertidumbre económica es un fantasma que no se va. Las condiciones en el mundo, en el país y en la entidad se mantienen en un frágil impasse, pero las condiciones que podrían empeorar la situación ahí están.
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La “Ley Serrano” y la lista de artistas del Teatro del Pueblo podrían distraer la atención, pero la economía reclama que no se distraigan de ella.
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Parece que el bloqueo denunciado por la alcaldía al proyecto de El Saucito, impulsado por la Contraloría General del Estado, abre una nueva fase a la bronca entre el ayuntamiento galindista y la administración gallardista.
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De los enfrentamientos verbales, la guerra del futbol y la batalla de los portales, se pasa por primera vez a una acción institucional directa de un gobierno contra otro.
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La alcaldía de Soledad de Graciano Sánchez echó el laicismo a la basura y en la remodelación de la antigua plaza del Milenio, ahora Magdaleno Cedillo, incluyó una escultura de San Miguel Arcángel.
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Es respetable la creencia y tradición de los vecinos, que por otro lado, pueden ejercer sin cortapisas, pero el ayuntamiento debería estar obligado a respetar las bases del Estado mexicano, entre el que está su sentido laico.
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Y como cada año, la pregunta que el gobierno del estado ha dejado sin respuesta desde la primera edición de la Fenapo que le tocó organizar: ¿cuánto le costará al erario el extravagante cartel de cantantes del Teatro del Pueblo?
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¡HASTA MAÑANA!