Ya pasaron 12 años desde que iniciaron en forma en su mayoría impune, las acciones de las bandas delictivas en la ciudad de San Luis Potosí. Precisamente en agosto de 2007 subieron de tono las acciones delictivas cuando grupos armados comenzaron a atentar contra las cabezas de las instituciones de seguridad y procuración de justicia, como un reto del crimen organizado al sistema político de la época.
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Antes de las acciones delictivas de Gran impacto los potosinos estábamos acostumbrados únicamente a los actos del fuero común en los que ciertamente el enfrentamiento entre pandillas y los asaltos con saldo mortal dejaron una huella social muy dolorosa. Desde aquel 2007 hasta la fecha, las consecuencias de la criminalidad se encuentran en la memoria de miles de potosinos.
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Poco a poco al escenario de sus obras se han agregado recuerdos de historias a través de redes sociales puestas en las manos equivocadas, es decir ya no sólo de aquellos que difunden en tiempo real alguna acción delictiva sino de otros que en un afán de usar irresponsablemente plataformas de Whatsapp o de Facebook, difunden con intención de divertimento acontecimientos reales, versiones falsas de acciones delictivas, recuentos a medias o mentiras totales.
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Sin embargo, de toda la red de información que avanza a muy alta velocidad, lo único cierto es que la criminalidad ha dejado el peor saldo de muertes en la historia de San Luis Potosí, en medio de la incompetencia, o probablemente del silencio cómplice de quienes deben frenar a los delincuentes. De sobra se ha demostrado que no es cosa de lo imposible dar con los delincuentes, llamarlos a cuentas y asegurar la reparación del daño.
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La impunidad se pierde en formulismos jurídicos y periciales que no permiten alcanzar una verdad real. Incluso un papel importante en la falta de persecución de delitos corresponde al ministerio público, por lo general visto como el primer responsable de disuadir el acceso a la justicia y burocratizar a las víctimas el alcance de un daño reparado, o una ejecución de penas para el causante de daños permanentes.
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Son precisamente las debilidades organizativas de la Fiscalía General del Estado las que facilitan las condiciones para la proliferación de la delincuencia. Una fiscalía mal organizada con mayor razón impide el desahogo de investigaciones y por consecuencia, el freno de una delincuencia que parece ser responsabilidad de los mismos grupos delictivos de siempre. Un ciudadano común y en su sano juicio, no anda por las calles acabando con la vida de quien se le atraviese.
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La desorganización y crisis institucional es la principal responsable de que la sociedad se organice. Para muestra basta contar la historia de los miles de mexicanos que rebasaron el gobierno en un hecho fortuito de los sismos del 19 y 20 de septiembre de 1985 y en la fecha coincidente del 19 de septiembre de 2017 en la Ciudad de México. Los sistemas de Protección Civil se quedaron pequeños con el tamaño de la ayuda de los miles de mexicanos que se salieron de sus trabajos para rescatar seres vivos de entre los escombros.
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Así sucede en la policía por ejemplo con el caso de los feminicidios. Es cierto que los delincuentes buscan la oportunidad de que en la policía que si los busca no se encuentra en un sitio, para cometer un delito. La policía que les ayuda con su participación o con su silencio incluso puede ser cómoda para los delincuentes, que de 12 años a la fecha actúan con mayor libertad y obligan por ejemplo al sector de las mujeres a organizarse, como ya ocurre con una aplicación de auto ayuda en caso de peligro.
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¡¡HASTA MAÑANA!!