El tropiezo más sensible de la administración de Ricardo Gallardo Cardona, se da en el proceso de integración de las mujeres en el gabinete estatal y ampliado. A diferencia de otras expresiones democráticas, el nuevo gobierno parece no estar interesado en ofrecer un equipo de trabajo con perspectiva de género, por lo menos, a partir de que los varones ocupan aproximadamente el 70 por ciento de los cargos principales de responsabilidad.
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Es cierto que se trata de una etapa de aprendizaje, si se considera que el grupo que llega al Palacio de Gobierno es primerizo en administración estatal, pero también lo es el hecho de que en los ayuntamientos gobernados por el gallardismo, la composición de los gabinetes lleva una ruta similar. Los varones dominan los cargos, y solo algunas cuántas mujeres tienen representación en alguna función pública. Ese antecedente es sinónimo de que nos está hablando con personas que clasificaron los cargos públicos con un dejo de ingenuidad.
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Como ocurre en las administraciones estatales de cada seis años, lo siguiente es evaluar quiénes cumplen con el perfil profesional para el desempeño de la función pública, y en qué casos, la asignación de la responsabilidad del gobierno es producto de ocurrencias, improvisación o necesidad de reparto de cargos para cumplir compromisos previos. Poco a poco aparecerán los “vicios ocultos” del personal con cargo de primer nivel que no reúna las condiciones para trabajar en la administración pública.
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Sin embargo, llama la atención que una decisión tan elemental como el reparto de los cargos públicos, arroja una notoria desigualdad en los espacios destinados a mujeres y las áreas que ocupan los hombres. El proceso de selección de colaboradores no es cosa sencilla, pero quizá fue necesario un mayor trabajo de análisis, para considerar aquellos espacios donde habría de más espacios para mujeres. Por lo menos en el Congreso del Estado ya brincó el tema. Hay una legislatura de paridad de género, y las cuentas no cuadraron, a la hora de voltear a ver al gobierno estatal.
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Que todos los caminos de Guanajuato llevan a la Contraloría General del Estado del nuevo gobierno. Y es que el gobierno “verde”, entregó ese organismo público descentralizado a los fuereños del vecino estado. La nueva titular, Lilia Villafuerte, es ex diputada federal, compañera de bancada del gobernador Ricardo Gallardo cuando éste se cambió del PRD al PVEM.
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De acuerdo al currículum de sus tiempos diputada, es abogada y tiene experiencia en el Poder Judicial y la SEP de Guanajuato, pero no en fiscalización de recursos. Su arribo a la Contraloría, implicó una invasión y conquista de guanajuatenses, que están copando, prácticamente, todos los espacios laborales que se pueden renovar. ¿Y los potosinos? Para ellos, la vida no vale nada.
¡HASTA MAÑANA!