El escenario para una eventual paralización de las actividades en el estado a causa de la emergencia sanitaria por el coronavirus empieza a perfilarse.
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El fin de semana pasado quedó establecida la cancelación de todas las actividades masivas, públicas y privadas. Dar por cancelada la Procesión del Silencio da una idea de que no habrá excepciones en este rubro.
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También se definió la suspensión de clases en casi todos los niveles educativos. El sector salud asegura que ya estableció una estrategia para tratar de mantener plana la curva de contagios.
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El tema que todavía parece tener aristas pendientes es el económico. Además del sanitario, el impacto más relevante para el estado es el económico.
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Las fuerzas productivas y las dependencias públicas del gabinete económico deben establecer acciones que, sí, protejan a las empresas, en especial a la que dependen de los insumos del extranjero, pero que también se asegure a sus trabajadores.
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También están los miles de trabajadores cuyo ingreso depende de que haya personas en la calle: ambulantaje, dependientes de negocios y personal que trabaja en espectáculos.
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El coronavirus amenaza los ingresos de éstos y de sus familias. Si no hay una respuesta rápida que brinde mayor la protección a la economía potosina, el impacto de la enfermedad se multiplicará.
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La Fiscalía General del Estado tuvo más de mil cien millones de pesos de presupuesto en 2019, incluyendo una ampliación presupuestal de 85.7 millones de pesos.
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Pero aún con esa ingente cantidad de recursos, la dependencia señala que fue insuficiente.
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El señalamiento deja a la vista un hecho interesante: ¿cuánto dinero se necesita en San Luis Potosí para que un aspecto tan importante como la procuración de justicia funcione?
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Otro punto que llama la atención es que el 88 por ciento de esa suma se destinó a la nómina de la Fiscalía. ¿Es necesario, para que funcione la Fiscalía, mayor personal?
El hecho de que una dependencia dé a entender que necesita más dinero, pese a que su presupuesto es una fortuna, es una muestra preocupante de que, por más que se invierta el erario, los fines están lejos de lograrse.
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Tras el anuncio de que entre las medidas que adoptó el ayuntamiento capitalino para la emergencia sanitaria por el coronavirus, llamó la atención que estuviera la virtual desaparición del alcalde Xavier Nava.
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Es imposible comparar la suspensión de los actos públicos del presidente municipal con lo que hacen el gobernador Juan Manuel Carreras y el alcalde de la vecina Soledad de Graciano Sánchez, Gilberto Hernández.
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Ojalá que el edil no tome de pretexto la emergencia sanitaria para evitar cuestionamientos sobre temas incómodos, como el juicio político que tiene ante el Congreso.
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¡HASTA MAÑANA!