No puede pensarse sino en ingratitud, de la sociedad y de las autoridades potosinas, en el caso de la Cruz Roja.
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De manera pública, se ensalza a la institución y se le elogia por el sus enormes, y a veces heroicos, esfuerzos a la hora de salvar vidas.
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En la práctica, por desgracia, esas palabras no se traducen en apoyo real, en recursos que sirvan a la Cruz Roja a mantener su labor.
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La institución, como todas, debe tenerlos para su operación, pero ni una ni otra parte los aporta con constancia y cantidad suficientes.
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Y mientras tanto, la comunidad de la Cruz Roja no falla en los accidentes y en los rescates, algunos dramáticos, que se registran en la entidad.
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De nueva cuenta, hay que comentarlo: algo pasa en el gobierno del estado en las materias de recursos y presupuestos.
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La Cruz Roja se suma a las dependencias que no han recibido ni un peso en los cinco meses que tiene el gobierno de Ricardo Gallardo Cardona.
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La CEGAIP, el Patronato Pro Paciente Oncológico, y otras dependencias estatales han aguantado este lapso sin recibir los recursos que, en teoría, ya estaban presupuestados.
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Lo mismo sucede con el salario de algunos mandos medios de secretarías del gabinete. Ante la sequía de ingresos, han optado por la renuncia.
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Son muchos signos que indican que algo ocurre en torno a la capacidad financiera del organismo.
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El penúltimo año del gobierno de Juan Manuel Carreras López dejó observaciones por 411.3 millones de pesos.
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Curiosamente, no son los proyectos polémicos ya conocidos (Red Metro, lo relacionado con la Secretaría de Salud, la presa de La Maroma y otros), los que concentran el grueso de las anomalías, sino los fondos relacionados con ayuntamientos del estado, que funcionan como ejecutores de las obras, pero en los que los responsables del ejercicio son dependencias del gobierno estatal.
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Los números que deja el gobierno carrerista en su quinto año de gobierno son infames. Antes de terminar el sexenio, entre 2015 y 2019, le faltaron por aclarar dos mil 335.3 millones de pesos, a los que sumada esta última cifra, eleva la cantidad a dos mil 746.6 millones de pesos.
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Y ya no tendrá la oportunidad de aclararlos, pues ahora es el gobierno gallardista el que le tocará esa labor, si así lo desea.
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No es la cifra definitiva de las anomalías del sexenio anterior. Le falta lo que genere la cuenta pública 2021, que se revisará este año y del cual le corresponde la mayor parte del ejercicio.
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Pero hasta donde va, los números son impresentables.
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En el caso de la resurrección de las intenciones del gobierno de Nuevo León de llevarse agua de la Huasteca potosina para apagar la sed en Monterrey, Samuel García le agrega otro ingrediente.
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Reconoció ayer que su estado no puede financiar sólo la obra, por ello, la invitación a Tamaulipas y a Coahuila.
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Pero también dijo que se invitaría al gobierno de San Luis al proyecto. O sea, que además de llevarse el agua de la entidad, ésta debe pagar parte del costo.
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¡HASTA MAÑANA!