El descarado intento de personas que se identificaron como militantes del Movimiento Antorchista de ocupar varias viviendas de un fraccionamiento ubicado en Pozos, algunas ya habitadas por sus compradores, algunas solas, pero ya vendidas, representa un grave peligro para la seguridad jurídica en la entidad.
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Peor aún es el hecho de que el llamado de los vecinos a las autoridades policiacas para que acudieran a actuar contra los invasores fue ignorado.
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Esto generó la violencia que, afortunadamente, no se extendió más allá de la quema de un vehículo.
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El riesgo, de acuerdo a los vecinos afectados, persiste ante la amenaza de los invasores de regresar y lograr su cometido.
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Este tipo de acciones generan incertidumbre sobre el estado de derecho reinante en la entidad, lo que se ve acrecentado por una respuesta inadecuada de las autoridades.
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Lamentablemente, eso parece haber ocurrido ayer, cuando la policía tardó demasiado en llegar luego de que vecinos afectados hicieron llamados de auxilio.
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Pero la respuesta policial es una cosa y la que den las autoridades judiciales y del Ejecutivo es otra.
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Si en realidad los invasores pertenecen al movimiento antorchista, el balón cae en la cancha del gobernador Juan Manuel Carreras López, quien deberá presionar al grupo para que eviten incurrir en este tipo de conductas.
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El movimiento Antorchista es un Frankenstein priista, cuya influencia ha ido creciendo, a la par que su capacidad para hacerse de recursos público.
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La debilidad del partido tricolor ha acrecentado la autonomía de ese ente. ¿Podrá el Ejecutivo potosino volver a hacer entrar al antorchismo, o a cualquier organización responsable de los invasores, al orden nuevamente?
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La confianza de los propietarios de las viviendas y de varios sectores de la sociedad e incluso de la economía potosina, dependen de esta decisión.
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Que la impunidad es una constante en los casos de la corrupción en San Luis Potosí es algo sabido. Se habla de denuncias penales, de avances de la investigación y de estrategias para acotarla, pero no hay ningún ex funcionario detenido.
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Y en este escenario, declaraciones como la del ex diputado Óscar Bautista Villegas, uno de los miembros mencionados por su nombre de “La Ecuación Corrupta” de boca del propio Enrique Flores Flores, el diputado que reveló el esquema generador de dinero sucio de la pasada Legislatura, provocan molestia.
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Para el diputado federal del PVEM, el vergonzoso episodio ya es parte de la historia. Desde luego que hay mucho cinismo en esa declaración.
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Y también es un error. “La Ecuación Corrupta” no será olvidada por una ciudadanía ofendida y recordará muy bien a los responsables y sabrá cobrársela a los responsables. Que los encargados de investigar este caso, y de perseguir y castigar a los posibles responsables, se hagan los olvidadizos es otra cosa.
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Circula en el Congreso una propuesta para hacer obligatoria la videograbación de operaciones quirúrgicas con fines de aclaración posterior, si fuera necesario.
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El gremio médico mostró una tajante oposición ante la idea, aludiendo que violentará derechos a la privacidad y es impráctica. Parece que el reclamo fue escuchado, pues todo apunta a que sería desechada.