Las más de 30 impugnaciones presentadas contra la elección judicial en San Luis Potosí reflejan la grave crisis de legitimidad que enfrenta el proceso. La simple cantidad de inconformidades deja claro que el sistema de designación de jueces y magistrados, producto de la reforma judicial, está lejos de ser transparente y justo.
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No es casual que tantos aspirantes se vean obligados a recurrir a instancias legales, lo que pone en evidencia que las decisiones fueron tomadas bajo criterios cuestionables y no con base en méritos o capacidad. La opacidad que ha marcado este proceso no solo mina la confianza en el Poder Judicial, sino que también evidencia la influencia de intereses políticos y personales en un ámbito que debería ser completamente imparcial.
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La justicia no puede ser una extensión del poder político ni un campo de negociaciones entre partidos. El pueblo potosino merece jueces cuya designación esté basada exclusivamente en su profesionalismo y no en acuerdos de conveniencia. Es inaceptable que, a pesar de las irregularidades señaladas, el sistema judicial siga funcionando con total normalidad, sin una revisión real y a fondo de los nombramientos.
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La falta de respuesta ante las impugnaciones solo profundiza la desconfianza de la sociedad en sus instituciones. Si se quiere restaurar la credibilidad del Poder Judicial en San Luis Potosí, lo mínimo que se exige es que este proceso sea revisado a fondo y que las designaciones se hagan con total transparencia.
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La magistrada María Olvido Rodríguez hizo honor a su nombre al “olvidar” cuánto gana exactamente, pero lo que no se olvida es la polémica en torno a los sueldos del TEJA, que han superado incluso a los de otros altos funcionarios. En un contexto donde la opacidad parece ser la regla, resulta inaceptable que quienes administran recursos públicos finjan desconocer sus propios ingresos.
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Si realmente existiera voluntad de transparencia, las cifras deberían ser publicadas sin rodeos, sin excusas que sigan alimentando la desconfianza. La falta de claridad sobre los sueldos en el TEJA no es solo una cuestión administrativa; es un asunto de ética pública. La ciudadanía tiene derecho a saber en qué se invierten los recursos que salen de sus impuestos y si los salarios de los magistrados están justificados o son simplemente un reflejo de la mala gestión y el despilfarro institucional. “Olvidar” un salario no es un simple desliz, sino una táctica para evadir la rendición de cuentas.
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La comunidad potosina merece más que promesas vacías, y si realmente el TEJA quiere recuperar la confianza de la gente, debe empezar por hacer públicos los salarios de manera clara, precisa y sin pretextos. La transparencia no debe ser opcional cuando se trata de la administración de dinero público.
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El rector de la UASLP, al calificar de “ofensivo” hablar de fraude sobre el escándalo de Santa Fe, demuestra una vez más su intento de encubrir las irregularidades del contrato. Su defensa solo agudiza la desconfianza y la percepción de impunidad en la universidad.
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¡HASTA MAÑANA!