El drama de cada sexenio se está concretando en este 2021: la administración saliente no tiene recursos para pagar la obligación del aguinaldo a sus trabajadores y pretende dejar el paquete a
sus sucesores.
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Lo que se mencionaba ayer aquí como una versión, en el sentido de que no hay recursos para la prestación navideña, fue confirmada por quien ya fue nombrado como secretario General de Gobierno.
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El señalamiento seguramente redundará en que el proceso de entrega-recepción se vaya enturbiando. De por sí, en las últimas semanas ya se veían roces en torno a la negativa de algunas dependencias de trabajar en el proceso bipartita.
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Ya se presentaban signos de que esto iba a ocurrir: en el más reciente reporte de la cuenta pública, el que corresponde al segundo trimestre del año, la Secretaría de Finanzas reconocía que los saldos de sus cuentas tenían una liquidez de menos de 300 millones de pesos.
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Ya transcurrió la mitad del tercer trimestre y es muy difícil que eso vaya a mejorar. Las cuentas del gobierno gallardista ubican en 800 millones el costo de los aguinaldos. Los números no salen.
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El primer reto financiero del gobierno de Ricardo Gallardo saltó antes siquiera de que inice funciones. De cómo lo resuelva, dependerá en mucho el arranque de
su administración.
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Y por lo que toca al gobierno de Juan Manuel Carreras, ¿dónde queda tanto autoelogio sobre la gestión financiera de su gobierno, desatado por el VI Informe, cuando ya no tiene fondos para una prestación vital?
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Hágase la austeridad en los bueyes de mi compadre. El Congreso discutirá hoy una iniciativa para establecer la Ley de Austeridad en el estado, una propuesta que llevaba más de dos años dormida en la congeladora legislativa.
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La iniciativa es de origen ciudadano y recibió tal cantidad de remiendos, algunos justificados por las deficiencias legislativas que presentaba, que ya es muy diferente a lo planteado.
Pero algunos de sus puntos son muy llamativos. Quizá el más relevante es el artículo 6: “Las servidoras y servidores públicos de la entidad recibirán los beneficios del sistema público de seguridad social correspondiente”.
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Esto dejaría sin seguro médico privado a todos los burócratas de todos los niveles. Buena suerte con la ira de los sindicatos.
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Y en el séptimo, establece que: “Queda prohibido contratar con recursos públicos, seguros de ahorro, seguros de gastos médicos privados, de vida o de separación individualizada o colectiva, con excepción de aquellos ya establecidos en la ley, decreto, disposiciones y condiciones generales o contratos colectivos de trabajo”.
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No deja de notarse cierta hipocresía de los legisladores salientes, que, precisamente, disfrutaron de jugosos seguros de gastos médicos y de un fondo de ahorro más que generoso, pagado en parte por el erario.
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Que la austeridad la practiquen otros, es el mensaje.
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¡Hasta mañana!