La sustitución del Hospital Central Ignacio Morones Prieto es, quizá, la joya de la corona de obras presumidas por el Gobierno del Estado. Una institución querida por la sociedad, que no ha recibido el trato que se merece, por fin disfruta de una renovación que urgía.
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Pero detrás de la fachada modernista y renovada de la institución que, es innegable, impresiona y agrada, se escondía una oscura situación que envenena de origen el propósito.
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La Auditoría Superior de la Federación fue la encargada de oficializar lo que se percibía veladamente de la obra: que la asignación del contrato y el proceso de construcción presentaban irregularidades.
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El tiro de la ASF impacta directamente al corazón de la obra: la adjudicación de la licitación y el otorgamiento del contrato a la empresa Ingeniería y Control de Proyectos SA de CV están viciados de origen por serias irregularidades.
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Lo primero, de acuerdo al reporte de auditoría de la cuenta pública 2018, por las deficiencias de los Servicios de Salud al no verificar un proceso de licitación que presentaba al menos 7 fallas serias. La más grave, un sobreprecio de 25 millones de pesos a favor del contratista ganador, que de paso, presentó la propuesta más onerosa.
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Como la empresa “ganadora” no cumplía con los requisitos de la convocatoria, la licitación debía declararse desierta, juzgó la auditora.
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Lo segundo porque la empresa no destinó un millonario anticipo que recibió al destino para el que estaba estipulado en el contrato, la compra de acero. Al incumplir esta cláusula, concluye la ASF, el contrato debió haberse rescindido.
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Los Servicios de Salud no hicieron ni lo uno ni lo otro, con lo que hicieron irreparables las anomalías. El edificio ya está completado en su mayor parte y el dinero cobrado, no parece probable que el gobierno emprenda la tarea de recuperar esos recursos.
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Se pueden sancionar a los funcionarios responsables de las anomalías, eso sí. De hecho, la ASF emitió 8 peticiones distintas para iniciar procesos de castigo. Habrá que ver si se cumplen.
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Hay otras anomalías en el proceso, como el no incluir sistemas vitales como el de ventilación y el de detección de incendios desde el proceso de licitación, lo que elevaba el costo de la obra; pagos no justificados y el gasto en bodegas “fantasma”, de las que no se pudo probar su existencia.
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En fin, que la renovación del Central queda en duda hasta que se resuelvan las observaciones.
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El hospital tiene otro pendiente que cuestiona a la institución: la demanda por la compra de medicinas adulteradas, que aún no se resuelve.
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La sociedad potosina ve con benevolencia al Hospital Central, por el invaluable servicio que presta a los más desprotegidos. Pero ese factor no obsta para que se afloje el escrutinio de la sociedad sobre el modo en que se hacen las cosas y la manera en que se ejercen ahí los recursos públicos.
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El demoledor reporte de la ASF nos viene a recordar eso.
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¡HASTA MAÑANA!