La Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (Cegaip) es, administrativamente, un cadáver viviente. En vías de extinción por la ofensiva de la 4T contra la transparencia, su órgano garante tiene pocos incentivos para ejercer sus funciones.
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Eso lo saben los organismos obligados, que aprovechan para evitar abiertamente cumplir con sus obligaciones.
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En un entorno administrativo dominado por una corriente política que le tiene fobia a revelar los datos públicos que genera, esto es muy grave.
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Tomémos por ejemplo, el Congreso, con una mayoría del PVEM, y que tiene al frente a un cercano del gobernador Ricardo Gallardo Cardona, el diputado Héctor Serrano.
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El legislador que viene de la Ciudad de México encabeza el principal órgano del Poder Legislativo, la Junta de Coordinación Política.
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La Ley de Transparencia estatal le ordena a las dependencias obligadas a publicar en la Plataforma Estatal de Transparencia las actas de sus órganos colegiados. En el caso del Congreso, este poder tiene mucha información que difundir, toda vez que la mayor parte de su trabajo se basa en comisiones específicas, que sesionan recurrentemente y, por tanto, están obligadas a publicar sus actas.
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Sin embargo, parece que la Jucopo piensa que es inmune a esa obligación, pues no ha publicado una sola acta desde que la Legislatura entró en funciones en septiembre de 2024.
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Cero actas sobre las decisiones administrativas y políticas es una situación muy preocupante para uno de los Poderes que, se supone, deberían ser el referente en el cumplimiento de las leyes.
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Pero, lo decíamos, el hermetismo gallardista que ha permeado en todas las dependencias que toca ha infectado ya al Congreso.
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En julio de 2021, cuatro jóvenes potosinos, Alan Michel Martínez Vargas, Calep Adonai Maldonado Monsiváis, Jorge Rodríguez Ortiz e Israel Andrade Hernández, viajaban al municipio de Tonalá, Jalisco, para hacer trabajos de albañilería a un hotel de esa ciudad.
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En su camino, se esfumaron en una escala hecha en San Juan de los Lagos y no volvieron a ser vistos. Algunos testimonios involucraron a policías municipales en su desaparición.
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El terrorífico descubrimiento de un campo de entrenamiento del narco en Teuchitlán, Jalisco, habilitado para desaparecer a quienes no aguantaran el reclutamiento forzoso del crimen organizado, volvió a poner el reflector en una tragedia inocultable: las miles de vidas esfumadas a manos de la delincuencia.
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Por las circunstancias en que se dieron, la cercanía de su última ubicación conocida y la similitud en los perfiles de los reclutados, las autoridades potosinas deben actuar proactivamente para buscar a los 4 potosinos desaparecidos entre los restos hallados en Teuchitlán. San Luis se lo debe a las víctimas y a sus familias.