El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, con los datos del censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal le pone un clavo más al ataúd del estado de derecho en San Luis.
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Ya hace pocos días, la misma institución expuso la poca efectividad del otro pilar de la justicia en el estado, la impartición.
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Ahora le tocó a la impartición. Si la Fiscalía General del Estado es poco efectiva a la hora de ubicar, detener y consignar a los delincuentes; el Poder Judicial del Estado hace una labor casi testimonial a la hora de juzgar y condenar a los delincuentes.
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Este es el triste panorama de la justicia en San Luis. En gran parte heredado de las pasadas administraciones.
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Pero la actual también tiene lo suyo. En el Poder Judicial del Estado deberán preocuparse por el video en el que el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, luego de escuchar la voz de una ciudadana inconforme por como un juez lleva su caso, ordena que la titular de un poder que se supone autónomo atienda directamente el caso y dispone el cambio del juez que atiende a la quejosa.
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El asunto refleja la deficiencia del Poder Judicial. Pero tan negativo como la ineficiencia en esa instancia es desdeñar la separación de poderes.
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Resulta muy preocupante que Gallardo Cardona olvide que su responsabilidad es el Poder Ejecutivo. Y más preocupante si en el Poder Judicial se pliegan a sus órdenes.
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Durante el trienio municipal pasado, el entonces alcalde Xavier Nava Palacios fue a golpear la puerta de Palacio Nacional para exigirle recursos al municipio.
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Claro, era cuando se asumía opositor. No iba a andar haciendo esas acciones cuando cambió al man-
do morenista.
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Ahora, en tiempos en que se está definiendo el presupuesto de egresos para el año entrante, se nota el cambio de estilos.
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Enrique Galindo también busca aumentar las partidas que se destinarán a las alcaldías el año entrante, pero lo hace a través de Asociación de Ciudades Capitales de México, que reúne a las sedes del poder en
los estados.
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La ACCM entregó ayer a la Cámara de Diputados un escrito en donde demandaban mayores recursos el año entrante para las ciudades que albergan a la sexta parte de la población del país.
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Ahora, el problema está en que la respuesta sea positiva.
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El gobierno federal, a través del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, estudia la posibilidad de emitir un decreto en donde cinco sitios sagrados de la etnia wixárica en Nayarit, Jalisco, Durango y San
Luis Potosí
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Se trata, desde luego, de Wirikuta, en el municipio de Real de Catorce.
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Desde luego, el respeto a los derechos de los pueblos originarios es una cuestión prioritaria, pero hasta donde se sabe, no se establece que otras voces hayan sido consultadas.
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La cuestión ha generado algo de inestabilidad en Real de Catorce, donde se da una difícil coexistencia entre las actividades religiosas de la etnia y el turismo, la actividad que sostiene aún buen sector de la población. Y están las empresas mineras, que también tienen proyectos en la zona.
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Parece necesario un diálogo más profundo, con más actores, si no se quiere que un viso de solución se convierta en un agravamiento
del problema.
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¡HASTA MAÑANA!