Buscar un cargo público exige un análisis conciencia para saber si quien pretende cumplir una función en la administración ya sea en el gobierno en cualquiera de sus tres poderes en un partido político, cuenta con los medios suficientes para presumir probidad y antecedentes de limpieza dentro de su vida privada y pública.
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Por lo menos eso se espera de partidos políticos que quieran preciarse de contar con funcionarios y a futuro con candidatos a cargos de elección popular, sin que estos cuenten con vulnerabilidades que pudieran derrumbarles las posibilidades de obtener las simpatías de los electores. Esos integrantes de los partidos o aspirantes a candidatos deberían contar con un currículum vitae impecable.
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Yolanda Cepeda Echavarría fue la presidente municipal de Aquismón con mayor cantidad de dinero sin comprobar ante la Auditoría Superior de la Federación. Por lo menos así dicen las cifras que alcanzan los 117 millones 257 mil 704 pesos con 79 centavos, del recursos en los que por lo menos no hay papelería ni evidencia física de gasto que pudiera demostrar en su ejercicio frente a aquella alcaldía de la Zona Huasteca.
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Cepeda busca la Secretaría General del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional. La toma de protesta ocurrirá en los próximos días posterior a la elección interna o en su caso, al protocolo de instalación de la fórmula de la dirigencia para un nuevo periodo, que tendrá bajo su responsabilidad, por ejemplo, la organización de las elecciones internas para postular candidatos a diputados por los principios de mayoría relativa y representación proporcional, para la 58 alcaldías con sus respectivas fórmulas de alcalde, aspirante a regidor de mayoría y fórmulas de síndicos, y para el candidato a gobernador del estado.
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Sin embargo, en los partidos políticos por ser precisamente los puntos de choque de ideas y de posturas políticas, la fama o mala fama de sus integrantes suele ser un punto por analizar antes de votar por los partidos. Yolanda Zepeda ya debería preparar las enormes cantidades de libros de registro, facturas y evidencias físicas y testimonios para comprobar una cantidad tan escandalosa de recursos.
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Por otra parte y en el aspecto del desarrollo de la entidad, sin duda las operaciones de la planta Toyota en Apaseo El Grande, Guanajuato, reproducirá su efecto multiplicador hasta los estados de la zona Centro-Bajío, pero un llamado de atención que los dirigentes empresariales potosinos hacen al Gobierno del Estado, es lo que sin decir en palabras textuales, se trata de una muy corta visión de las autoridades de infraestructura para acelerar los proyectos de movilidad urbana.
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En suma, San Luis Potosí cuenta con una ciudad en crecimiento constante, pero poco preparada para el caso de que pudiera recibir otra planta armadora de automóviles, tal y como ocurría en el parque industrial privado donde se instalaría Ford Motor Company. La malograda empresa hubiera involucrado mayor carga vehicular a las principales vialidades de la ciudad hasta la Zona Industrial, y de ahí la urgencia de aterrizar cualesquiera opciones de vías alternas para distribuir el tráfico vehicular hacia la Zona Metropolitana.
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Los servidores públicos de la planeación urbana parecen a ese respecto más bien tener poca o nula ética profesional, puesto que nada se les ocurre para gestionar con eficiencia los recursos suficientes que den movilidad tanto a las vialidades periféricas de carga y descarga de tráfico, como a proyectos de gran infraestructura de pasos a desnivel y estacionamientos en zonas como la Alameda Juan Sarabia y los centros de manzana, para aprovechamiento en aparcadero y por lo tanto para dar vida a mayor variedad de negocios en la zona antigua de San Luis.
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¡¡HASTA MAÑANA!!