La lucha contra la corrupción en el estado languidece en un limbo desde hace meses.
El proceso del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) se empantanó a causa del caos en que ha caído la conformación de su órgano rector y los pleitos internos.
Mientras que por el flanco de la Fiscalía Anticorrupción, se registró un grave retroceso con la renuncia de Alejandro Vera y la inexplicable parálisis en el proceso de nombramiento de su sucesor, cuya responsabilidad comparten el Legislativo y el Ejecutivo.
Por eso, no deben sorprender los resultados de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG), que dio a conocer ayer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
Ante la ausencia de controles e instancias que garanticen la investigación, persecución y castigo de actos de corrupción, ésta seguirá creciendo. Y los resultados de la encuesta lo demuestran.
Peor aún, desalientan la cultura de la denuncia de estos crímenes, y la encuesta también lo demuestre.
El final del sexenio ya está a la vista, y a esta administración estatal se le está acabando el tiempo para cumplir el compromiso original de combatir la corrupción.
Ayer, Carlos Loret de Mola tomó fuera de balance al gobernador Juan Manuel Carreras López, con el caso del deceso de una niña de 5 años a causa del COVID-19, cuyo estado de desnutrición contribuyó al terrible desenlace.
En una entrevista radiofónica, resultó más que evidente el desconocimiento del caso por parte del mandatario. El irónico “mmmh” que soltó el comunicador yucateco al escuchar como el gobernador buscaba salir del enredo fue muy elocuente.
Independientemente del gazapo, la entrevista reveló que la actividad gubernamental, al igual que la escolar, no se reactivarán pronto. La apuesta es que la reanudación de las labores en la zona industrial, las construcciones y la minería, no generen un aumento de casos que descarrile la capacidad hospitalaria del estado.
La apuesta es arriesgada, pero parece una estrategia prudente dado el escenario actual.
El gobierno municipal se congratula de la decisión judicial que posibilitará que disponga de su patrimonio y ejerza su atribución de entregar concesiones, sin escalas en el Congreso del Estado.
Se trata de un litigo iniciado el año pasado y que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió en favor del ayuntamiento capitalino.
El Congreso del Estado perdió así uno de los controles más eficientes sobre las alcaldías, que debían negociar con los diputados la enajenación de bienes y autorización de concesiones.
Y esas negociaciones no han sido no siempre en buenos términos ni del todo transparentes (conviene recordar el asunto de la corrupción del que se habló líneas arriba).
¡HASTA MAÑANA!