La dramática desaparición de Daniela Martell, su horrible asesinato y la ignominia de la revictimización a cargo de la Fiscalía General del Estado.
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El imperdonable desdén de la Secretaría de Seguridad Pública y de los diputados locales a la diginidad de las internas de La Pila, que indebidamente fueron trasladadas de la capital al penal de Xolol, en la Huasteca, lo que les causa gran afectación a ellos y a sus familias.
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La pelea de las universitarias porque les sean respetados sus derechos de participar en elecciones y, más relevante, porque la UASLP, institución que se supone debe protegerlas, imparta la justica en las no pocas denuncias de acoso y abuso, pero que se niega a ejercer esa facultad, protegiendo a los agresores.
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Mucho se recalca que el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, no es una fecha celebratoria, sino de duelo y reflección.
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Eso parece muy adecuado para San Luis, que en otro 8M, demuestra que todavía mantiene una deuda con sus mujeres.
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Pero las autoridades garantes de sus derechos actúan en dirección contraria, ajena al espíritu de la fecha, tornándola en una suerte de festejo, pero no de las mujeres, sino de las acciones que realizan en el supuesto beneficio de las potosinas, en un ejercicio mezquino.
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Que en la Secretaría de Finanzas consideren más importante que aún queda margen para contratar más deuda quirografaria de corto plazo en lugar de reconocer que en este gobierno, se ha convertido ya en un mecanismo frecuente de financiamiento es un indicio preocupante.
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Pese a que ya hay calificadoras financieras que ya ven como un riesgo el enorme volumen de deuda de corto plazo del gobierno potosino, no parece haber intención en reconocer ese riesgo.
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Habrá que ver si esta práctica se mantiene pese a las alertas, y hasta qué grado pueden resistir esa tendencia las finanzas potosinas.
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La inseguridad en las carreteras potosinas no cesa, y el sector del transporte de carga sigue soportonado sus efectos más graves.
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El incremento de la incidencia del robo de vehículos pesado que reportan las instituciones aseguradoras deja en claro que los esfuerzos de las dependencias estatales y federales, si es que se realizan, no están dando resultados federales.
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La responsabilidad mayor es del nivel federal, concretamente la Guardia Nacional, cuya efectividad en la vigilancia carretera sigue siendo una materia pendiente de cumplimiento.