La guerra por el agua comienza a asomar su peor cara. Rebelde como él solo, pero a fin de cuentas con sentido común, el exgobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, mejor conocido como “El Bronco”, suspendió un proyecto de extracción de agua de la Zona Huasteca de San Luis Potosí, por visos de corrupción y el hecho de que hay empresas que requieren el líquido no precisamente para el servicio público, sino para explorar y extraer hidrocarburos, utilizando técnicas de fractura del subsuelo, que además representan un muy alto riesgo de contaminación.
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Es un proyecto que ya ha generado muchos dolores de cabeza, y sobre todo por el hecho de que es más fácil que prevalezca una orden administrativa federal que el cuidado del medio ambiente. Si un directivo burócrata desde la comodidad de su silla, dice que hay permiso de extender la explotación de pozos hasta que se acabe el agua, con toda seguridad lo van a hacer. Es exactamente la misma dinámica de las áreas de comercio de las alcaldías, que pueden autorizar el negocio de operación más riesgosa, sin importar que su impacto además de ambiental, pueda alcanzar la salud pública y la seguridad de los ajenos al negocio turbio.
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La falta de un perfil de servicio civil de carrera, es la que está provocando los efectos catastróficos de malas decisiones desde los cargos del poder. Aparecen servidores públicos progresivamente más ignorantes, pero bastante buenos para el negocio. Por igual dan su firma para antros de mala muerte, que para actividades de manejo de materiales peligrosos sin medidas de cuidado, o para acabarse el agua, como ocurre en las ciudades que van teniendo cada vez más fraccionamientos nuevos, pero sin servicio de agua potable, ni drenaje ni alumbrado público, autorizados en el nombre del progreso, y contraviniendo precisamente
sus principios.
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Así, en el nombre del progreso, no faltará el funcionario que se convierta en un genio tomador de decisiones que provocan daños permanentes, y tienen la suerte de encontrarse con servidores públicos de mediana o baja inteligencia, que no alcanzaron a comprender la gravedad de lo que ocurre, y hasta les perdonan sus travesuras. Para muestra, basta observar la ruta que lleva el intento de tomar agua de la Zona Huasteca, para llevarla a Monterrey. Si el funcionario federal que da curso al trámite no entiende de impacto ambiental, lo demás tal vez haya que confiárselo a las deidades, porque se avecina una catástrofe ambiental.
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Todo parece indicar que la investigación que se encuentra en curso por la muerte de la joven Karla Pontigo Luciotto, será una tarea eternizada. Incompetencia o dolo de autoridades, dejó la que en un inicio era una averiguación previa, en un pantano de pruebas sin validar, y en un enredo jurídico interminable. Precisamente de ese laberinto, surgió la desconfianza en la autoridad investigadora, en primer término porque el procurador de justicia del sexenio de Fernando Toranzo, ni siquiera integró la averiguación de manera correcta, y obviamente, los datos para un juicio perdieron calidad. Veremos si la nueva instancia que revisará el caso, lo lleva al fondo, o lo vuelve a enredar.
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¡¡HASTA MAÑANA!!