La seguridad pública se ha convertido en una de las asignaturas más complejas de nuestra ciudad y del país. En la era de no saber si confiar en las autoridades de seguridad o no, autoridades se desorganizan se reorganizan y organizan, y parece ser que en la carrera la delincuencia quiere llevar la delantera.
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Hace algunos días fue instalado el Consejo de Seguridad Pública del municipio de San Luis Potosí, organismo que incluye a las autoridades de los tres niveles de gobierno, a representantes empresariales y algunas personas con experiencia en materia de seguridad.
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Uno de ellos, Miguel Naya Guerrero, puso el dedo en la llaga, por aquello de que tradicionalmente hay integrantes de comités de seguridad que únicamente acuden a las reuniones a comer galletitas y a mostrar una charola de que son miembros de tal o cual consejo consultivo. Advierte que no se trata de manifestar representatividad sin serlo, y por ello, extendió un voto de confianza a los integrantes del nuevo consejo para la capital potosina. Ojalá que así se mantenga.
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Ahora, con el pronunciamiento del presidente local de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo Juan Servando Branca Gutiérrez, todo parece indicar que hay una luna de miel de los empresarios con los organizadores de la seguridad pública de la ciudad. Lo que sigue es esperar resultados.
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Por lo pronto, las autoridades deberán tomar en cuenta que no basta con policías de nueva imagen, con uniformes vistosos o con vehículos para embestir. La seguridad de la ciudad no solo está depositada en policías, sino en un proceso educativo de fondo y probablemente sea necesario ingresar a las entrañas sociales, con una vuelta al reloj a medio siglo atrás, para volver a formar a las familias en valores.
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Las conductas delictivas, frecuentemente vienen desde la seno familiar, el descuido de los hijos, el mal ejemplo de los padres, el acceso a una vida de violencia, las condiciones económicas en una parte de la sociedad, la falta de áreas de ocio y esparcimiento, y la falta de empleo, la ausencia de oferta educativa, el escaso apoyo a la investigación científica y la poca frecuencia de las actividades culturales y artísticas. Los gobiernos que invierten miserias en la reconstrucción social, también son responsables.
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Hace más de 7 años, el propio gobierno identificó en la capital del estado un predio de más de 500 hectáreas en el oriente de la capital, entre el camino al rancho La Libertad y la carretera libre a Rioverde, que bien podría servir para la construcción del parque Tangamanga III. La operación de espacios deportivos, culturales y recreativos, bien ayudaría a disolver problemas de seguridad en una zona urbana que va creciendo más hacia los municipios de Soledad de Graciano Sánchez, Cerro de San Pedro, Villa de Zaragoza y Villa
de Reyes.
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En su afán de castigar a los que sí contribuyen con las finanzas públicas, que pagan puntualmente sus impuestos y generan la economía del país, el Gobierno Federal planea volver a sacrificar más a los negocios pequeños. Es más, no se ve por dónde va a buscar a los tradicionales evasores, si las cargas impositivas y los requisitos rígidos son aplicables a los propietarios de negocios pequeños, pero no resuelven la búsqueda de aquellos que, por historia y tradición, no son considerados en el espectro recaudatorio.
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La voz del presidente local de la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño (Canacope), es sólo una de aquellas que describe el sistema tributario injusto, del que por cierto son cómplices los diputados.
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¡¡HASTA MAÑANA!!