Sería un buen punto que el gobierno del estado precise si la salida del ex titular de la Junta Estatal de Caminos, Porfirio Flores Vargas, hecha en abril de 2018 por presuntas cuestiones de salud, estuvo relacionada con la información revelada hoy sobre las irregularidades detectadas en obras camineras del ejercicio 2016.
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Hay que recordar que esas auditorías tardaron más de lo usual a causa del escándalo de la “Ecuación Corrupta” y la capa de sospecha que cayó desde entonces sobre la anterior administración de la Auditoría Superior del Estado.
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Todo el proceso 2016 fue auditada por un despacho externo. La mayoría de los dictámenes fueron aprobados y los procesos siguieron.
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Hoy se conoce una parte de esas auditorías y lo que muestran no es agradable. Más de 70 millones de pesos observados por irregularidades financieras y de cumplimiento halladas en únicamente 16 expedientes de obra.
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Las explicaciones están pendientes, y podría ocurrir que la resolución de las observaciones sea fácil, pero la impresión de que algo mal ocurrió en la JEC bajo el mando de Flores Vargas está flotando en el aire.
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¿Para qué ser competitivos, si existe el Congreso para limitar a la competencia? Los diputados le harán la tarea a los taxistas, atándole las manos a los servicios vía aplicaciones móviles.
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Ya se venía perfilando la maniobra, y en la Gaceta Parlamentaria de la sesión del próximo jueves, publicada ayer, aparece el dictamen de la Comisión de Comunicaciones y Transportes de la iniciativa presentada por la diputada Alejandra Valdes, que impone más limitaciones al servicio de alquiler de autos por aplicación.
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Es positivo establecer un registro de los conductores y mayores posibilidades de que las autoridades tengan un mayor control del servicio.
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Sin embargo, condiciones como las de presentar unidades más costosas que los taxis, limitar las autorizaciones a una fracción de las concesiones de taxis y de hacer obligatorios detalles como ventanillas eléctricas son, innegablemente, concesiones a los taxistas para hacer más difícil el funcionamiento del servicio.
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Si la prioridad de la comisión y del Congreso son los usuarios del servicio no sería mala idea que se impusieran a los taxistas tradicionales las mismas condiciones.
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La Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información vio marcada su conformación por la cigüeña. Paulina Sánchez Pérez del Pozo está fuera, momentáneamente, de la dependencia, debido a una licencia por maternidad.
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El comisionado Alejandro Lafuente Torres ocupa de manera interina la presidencia de la comisión y el integrante supernumerario del organismo garante de la transparencia, Martín Vázquez Vázquez, fue llamado para completar el quórum.
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¡HASTA MAÑANA!