Como no queriendo, ayer cuando la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo contestó una pregunta sobre la Ley Serrano que le hicieron en su conferencia matutina, dejó mensajes para quién los quiera oir.
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Primero, el anuncio de que revisaría la iniciativa que criminaliza ciertos usos de la inteligencia artificial en San Luis, que fue utilizada para encarcelar a dos creadoras de contenido.
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Así, el escrutinio externo a San Luis sobre la polémica ley ya no se centraría sólo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sino que abriría un frente en el Palacio Presidencial.
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También destaca su afirmación de que “nada contra la libertad de expresión”, lo que implicaría una crítica para una reforma que hasta ahora, sólo se ha usado contra, precisamente, informadores y creadores de contenido. Por ello, el rechazo presidencial se extendería a los elementos del gallardismo que han emprendido acciones legales contra periodistas y otros informadores.
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Por otra parte, la presidenta manifestó que “lo que hay que hacer, de manera conjunta y con una discusión nacional, es la regulación de la Inteligencia Artificial y, particularmente, “cuando tiene que ver con noticias falsas, que lo vemos muy seguido. Por lo menos, tiene que haber muy visible, muy visible, el anuncio de que ‘es realizado con Inteligencia Artificial’. Pero es algo que se tiene que discutir. Y eso no puede ir en contra de los principios del derecho a la información y la libertad de expresión”.
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El señalamiento sobre cómo debía darse el debate contrasta dramáticamente con el oscuro procedimiento mediante el cual nació la Ley Serrano, que no fue conocido públicamente y que sufrió un maquillaje de emergencia por parte del Congreso por la vía de una serie de foros a posteriori.
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En suma, la Ley Serrano sigue reuniendo elementos en contra a nivel nacional.
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El Juzgado Primero de Distrito resolvió el miércoles la solicitud de amparo de uno de los ciudadanos involucrados en una presunta investigación de la Fiscalía General del Estado (FGE), aquella de la que derivó una lista de once personas investigadas por la presunta comisión del delito de ejercicio ilícito de funciones públicas.
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El promovente buscó ampararse contra una eventual orden de aprehensión, derivada de esa investigación.
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De acuerdo al fallo del amparo 968/2026, el juzgado determinó sobreseerlo básicamente porque nueve instancias de la Fiscalía General del Estado, los agentes del Ministerio Público, funcionarios judiciales, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Guardia Civil del Estado, negaron haber emitido o buscando hacer efectiva una orden de aprehensión.
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Es muy probable que en realidad no existan órdenes de aprehensión emitidas por ese caso, aunque no es descartable que las autoridades involucradas comprendieron que emitir órdenes de aprehensión en un abiente tan caldeado iba a ser contraproducente.
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