Uno de los mitos que ha inventado esta administración como uno de sus grandes éxitos es el adelgazamiento de la pesada nómina que dejó el gobierno de Juan Manuel Carreras López.
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En julio pasado, la Oficialía Mayor del gobierno estatal presumía la baja a entre dos mil y dos mil 500 despidos, lo que bajaba el presupuesto para la nómina, medida cimentada con el hecho de que no se sustituyó ninguna de las plazas abiertas.
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Sin embargo, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía reveló, en el Censo Nacional de Gobiernos Estatales correspondiente a 2022, ya en este gobierno, que no fueron tantos los despedidos, la mayoría basificados, y tampoco se mantuvieron libres esas plazas.
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Más bien, se sustituyeron con trabajadores contratados bajo otra modalidad: la de eventuales, y unos pocos, como empleados de confianza.
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Se trata de un buen negocio para el gobierno estatal. Por un lado, debilita a los sindicatos de burócratas, sobre todo al mayoritario; y, aunque no se sabe en qué medida, podría generar un ahorro, pues las prestaciones laborales de los trabajadores eventuales son mucho menos generosas que las que disfrutan los basificados.
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De cualquier modo, la tesis de una nómina esbelta, ya más saneada que la que se heredó, queda en entredicho.
Cuestiones de seguridad fueron la causa por la que la Fiscalía General del Estado se negó a entregar al Inegi información sobre los servicios periciales y forenses en la entidad, No obstante que la petición no se enfocaba en las identidades, sino sólo en las cifras.
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El asunto tiene más de fondo, pues desde el interior de los departamentos voces señalan que su integración quedó muy afectada en la pasada gestión de la Fiscalía pues se saturaron áreas completas con una “legión extranjera” de empleados completamente improvisados y sin conocimientos de una labor tan especializada.
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Lo peor ocurrió cuando desde mismas instancias fueron infiltradas por grupos delictivos, lo que incluso derivó en detenciones de funcionarios.
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Con esos antecedentes, en poco ayuda que la opacidad afecte la labor estadística del Inegi.
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No es la primera vez que los apellidos Gallardo, Machinena y la palabra adoquín se combinan en una polémica, aunque el sentido de algunas declaraciones haya cambiado radicalmente.
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Las declaraciones del secretario de Turismo del gobierno estatal, Juan Carlos Machinena Morales, en las que apoyaba el retiro del adoquín del Barrio de San Miguelito, ponen en evidencia las veleidades de las posturas, según soplan los vientos políticos.
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En octubre de 2016, el ayuntamiento, entonces a cargo de Ricardo Gallardo Juárez, padre del actual gobernador, promovió un proyecto similar al de San Miguelito, y levantó una polémica de proporciones parecidas a las de hoy: el levantamiento del adoquín de la Calzada de Guadalupe para sustituirlo por pavimento estampado.
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En ese entonces delegado del INAH, Machinena Morales fue un opositor a la obra, que al final no se llevó a cabo, con los mismos argumentos que hoy contradice: la medida lesionaría el patrimonio histórico de la ciudad.
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¡HASTA MAÑANA!