La gallardía y la transparencia no se llevan bien. En las diferentes instancias en las que ha sido gobierno, ese movimiento político se ha caracterizado por obstaculizar el derecho de la ciudadanía a conocer los datos que generan las instancias públicas.
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Las pasadas legislaturas, con todo y sus negros antecedentes, nunca ocultaron la lista de empleados contratados mediante el polémico esquema de la contratación por honorarios.
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Sus respectivas juntas de coordinación política las publicaban aun sabiendo que les generarían críticas por la discrecionalidad de la práctica.
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Y ahora, la primera vez que enfrenta ese trámite, la Jucopo de la LXIII Legislatura omite dar a conocer a quiénes contrató por la vía de honorarios y cuánto les va a pagar.
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Resulta contradictorio que reclamen a otras dependencias, como a la Auditoría Superior del estado por falta de transparencia y sean obscuridad en la casa.
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Lo que ocurre en el Congreso se repite en otras dependencias dominadas por el movimiento gallardista. La Secretaría de Finanzas de esta administración acumula ya dos meses sin publicar el listado de cheques que ha emitido la dependencia.
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Aunque sólo le corresponden cuatro días de septiembre, la Secretaría de Finanzas de este gobierno debía haber publicado en octubre el listado. Y desde el pasado miércoles, debía haber publicado los cheques de octubre.
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Y en Soledad, el gobierno de Leonor Noyola ya está recibiendo las primeras críticas mediáticas por incumplir con las obligaciones de transparencia.
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No es casualidad entonces. El grupo político que domina la mayor parte de la administración pública evade sistemáticamente la transparencia.
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En sesión celebrada ayer, el Cabildo capitalino discutió una solicitud de los síndicos municipales para “desistirse y/o convenir dentro de juicios o procedimientos de índole laboral, carpetas de investigación; en procesos penales el otorgamiento del perdón, juicios civiles, amparos mercantiles, agrarios; en materia de justicia administrativa; medios de impugnación y en general”.
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En la sesión de ayer, se justificó la petición señalando que con este poder de desistirse se busca darle a los síndicos el poder de “signar convenios extrajudiciales como un mecanismo alternativo de solución de conflictos para lograr mayor beneficio en representación del Ayuntamiento”.
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La petición fue aprobada por mayoría, sin ninguna discusión.
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En la Alcaldía se señala que la medida no tiene dedicatoria, pero no hay que perder de vista el escenario en el que el Ayuntamiento mantiene vivos al menos once denuncias presentadas durante la administración de Xavier Nava Palacios contra su antecesor, Ricardo Gallardo Juárez, padre del actual gobernador.
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Ante la cercanía que están presentando el alcalde Enrique Galindo Ceballos y el gobernador Ricardo Gallardo Cardona y la poca tolerancia del movimiento gallardista a cualquier postura contraria a sus intereses, habrá que estar pendientes por si esta nueva atribución se estrena en esas once demandas.
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¡HASTA MAÑANA!