La falta de recursos públicos implantó como una moda los recortes presupuestales a los gobiernos locales desde el sexenio de Vicente Fox Quesada. Por el registro de diversas crisis económicas la Secretaría de Hacienda y Crédito Público utilizó los cortes de dinero como forma de contención del gasto y también para demostrar quién manda. Por igual surgieron entidades federativas que recibieron cantidades de dinero para suficiente obra y acciones y otras que sufrieron desde el principio.
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Precisamente esos recortes son en su mayoría los responsables de la insuficiencia de concreción de obras de los dos últimos sexenios estatales. Por una u otra causa deja de fluir dinero y los proyectos quedan truncos o se cancelan. Así sucedió por ejemplo con la falta de dinero para construir los colectores que alimentarán la planta tratadora de aguas residuales del tanque “El Morro”. También faltó recurso para avanzar con rapidez en la presa La Maroma (donde se encuentran investigaciones administrativas sobre el ejercicio del recurso) y diversos proyectos municipales.
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En los sexenios actual y anterior la entidad ha sufrido recortes de recursos para proyectos de infraestructura, como ha ocurrido con el Colector Pluvial “Alameda”, obra que se quedó trunca en el cruce del Eje Vial y la avenida Reforma. Estaba considerada su conclusión para hace dos años.
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Ahora la obra suspendida es la carretera Ciudad Valles-Tamazunchale, un proyecto que ha sido prometido y anunciado con bombo y platillo en dos giras presidenciales de este sexenio. Ahora se cancela el trámite de su Manifiesto de Impacto Ambiental. Lo que no se aclara es porqué se canceló el trámite necesario para desarrollar la obra.
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En el terreno de la justicia, la actual Fiscalía General se ha caracterizado por una muy lenta vocación investigadora. No se quisiera pensar que las decisiones en la impartición de justicia estén contaminadas de política, o de fuertes presiones externas a las que cedería en tanto el fiscal general como los fiscales especializados.
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El caso concreto se refiere a una denuncia presentada por la alcaldía de San Luis Potosí relacionada con lo que la administración municipal llamó “la nómina maestra”. ¿Qué callos pisó el titular de la fiscalía competente, quien tardó 18 meses en hacer público un resolutivo, donde se declara no competente para realizar la investigación? Si el pronunciamiento del Ministerio Público tiene que ver con un genuino justificante jurídico, no resolver la situación en un solo día, causa sospecha.
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Estamos asistiendo a un escenario donde contamos con una fiscalía general y unas fiscalías especializadas para quienes los plazos no se cumplen, ni siquiera para ahondar en las investigaciones, mínimo para saber qué es y qué no es, quién es y quién no es. Terminar con los viejos vicios de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado, no es cosa de la noche a la mañana, pero ya se tardaron, y mientras los deseosos de justicia dicen “¿quiubo?... ¿cuándo?”.
¡HASTA MAÑANA!