De acuerdo a las cifras que publica la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (SEGE), para este año, de su presupuesto de once mil 801.7 millones de pesos, apenas 40.2 millones de pesos fueron asignados al capítulo 2000, de materiales y suministros.
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Obvio, la tajada del león es para el capítulo 1000, de servicios personales: 11 mil 572 millones de pesos.
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El año pasado, ya sabiendo lo que se avecinaba con la pandemia y con la obligación de prever las necesidades financieras que requeriría el retorno a las clases presenciales, para materiales y suministros se reservó sólo el 0.34 por ciento del presupuesto total.
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Es decir, la SEGE y el gobierno del estado se desentendieron de adquirir desinfectantes, geles, termómetros, cloro, sanitizantes ambientales, en suma, de todo lo necesario para garantizar un regreso a clases seguro para alumnos, familias, maestros y administrativos.
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Las cuotas escolares “voluntarias”, pagadas por las familias de los alumnos más que una tradición, son una necesidad. Se podrá debatir su legalidad y su obligatoriedad, pero lo que es innegable es que sin esa fuente de financiamiento, las escuelas simplemente no funcionarían.
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Las autoridades educativas, en algunas ocasiones, se han puesto del lado de los padres que las objetan, pero no hacen nada por cumplir con su obligación de garantizar el funcionamiento del sistema escolar, que incluye desde luego, que garanticen que los planteles estén en óptimas condiciones.
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Y si eso aplica en condiciones normales, en una pandemia cuyos alcances todavía son inciertos y sus riesgos muy latentes, ni siquiera debería discutirse el cumplimiento de esa responsabilidad.
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Pero no. La SEGE no parece dispuesta a cumplir y dejará la carga financiera a las familias, que ya de por sí han visto lesionada su economía por la pandemia.
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El costo de esa negativa la enfrentarán directivos y maestros de los planteles, los menos culpables de la situación, pero son los que tienen que entrarle a la responsabilidad de que ningún niño ni maestro se les enfermen sin contar con un solo peso.
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Eso sí, la SEGE gasta de su presupuesto lo que considera suficiente para proteger sus oficinas y a su personal administrativo. Nadie esperaría lo contrario. También ahí existe una obligación.
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Pero que la SEGE, de su presupuesto, se autoproteja contra el Covid mientras deja a la deriva a las escuelas y a sus comunidades no se ve para nada bien.
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Los macabros escenarios de Zacatecas, en donde los puentes vehiculares les sirven de horcas a los grupos de la delincuencia organizada ya regresaron a San Luis.
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Hace años que no se veía esta macabra práctica delictiva en tierras potosinas. Que de nuevo la veamos es una muestra de la virulencia de esta camada
de delincuentes.