El primer documento de la Fiscalía General del Estado relacionado con el escándalo por las primeras detenciones relacionadas con la “Ley Serrano” sí estaba relacionado con el polémico diputado, pero por motivos distintos a los que se pensaba.
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El 21 de mayo, cuando fueron detenidas Eréndira Reyes y su hija, Alejandra Hermosillo, empezó a circular un documento de la FGE vinculado a una carpeta de investigación no por delitos relacionados con el uso ilegal de IA, sino por presunto ejercicio ilícito de funciones públicas. Once personas
aparecían mencionadas.
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El documento fue negado por la FGE y minimizado en el ámbito mediático al considerarlo una falsificación hecha IA. También fue relacionado con las detenciones y la Ley Serrano.
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En este medio se planteó poco después que se trataba de asuntos distintos y parece que los hechos apuntan en esa dirección. La comparecencia de Juan Pablo Moreno Rodríguez, director de la revista La Noticia y una de las personas mencionadas en el oficio de la FGE derivó en la revelación de que había sido el propio Serrano Cortés el demandante. Éste lo confirmó y señaló que denunciaba una presunta red delictiva dedicada a manipular información.
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Entre los nombres que aparecen en el oficio de la FGE había varios conocidos en el ámbito público, incluyendo el de Alejandra Hermosillo, que resultó ser también funcionaria del gobierno de Enrique Galindo Ceballos.
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Sin embargo, dos no fueron reconocidos a primera vista, pero resultaron ser un directivo y un empleado de una consultora de marketing político y digital, señalada por participar en campañas de desinformación en México y España.
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Cuadrangular, el nombre de la consultora, no es ajena al escándalo, precisamente, de usar información y cuentas de redes falsas para afectar a los adversarios de sus contratantes, de acuerdo a información publicada por medios nacionales e internacionales.
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¿Es lo que pasa en San Luis? ¿Un bando de la guerra sucia que tiene años desatada en el estado contrató a una empresa que industrializó las “fake news”? ¿Tendrá esto relación con el señalamiento del diputado de que el alcalde es “autor intelectual” de la desinformación?
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Otro hecho que revela la situación anterior es que no es una, sino dos figuras importantes del gallardismo, han optado por los tribunales para demandar a personas relacionadas con la difusión de información u opiniones.
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Si a eso agregamos un aparente segundo intento de reformar una ley para dejar abierta la puerta a una eventual represión, ahora con la Ley Lara, el gallardismo queda mal parado como un movimiento que respeta la libertad de expresión.
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Que detrás de la cordial “invitación” de la Oficialía Mayor estatal para que los burócratas acudieran a la transmisión del partido del Tri al antiguo Lastras hubo una estricta orden de asistencia forzosa, que sería verificada con pase de lista y el envío de fotos desde el estadio.
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Por cierto, en este asunto hubo una evidente descoordinación en el gabinete, pues mientras la Secretaría General de Gobierno afirmaba que la administración laboraría normalmente, la Oficialía anunciaba que los burócratas podían hacer
“home office”.