Conforme pasa el tiempo, cada vez parece más insalvable el problema del endeudamiento del gobierno estatal con la Dirección General de Pensiones.
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Mes con mes, se agregan varias decenas de millones de pesos al pasivo generado en esta administración, sin verse un esfuerzo que vaya más de los anuncios y los buenos deseos para saldar la deuda.
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Ya se habló de un cuantioso fraude fraguado en el pasado como una poco creíble explicación al desastre financiero de la dependencia. Por cierto, nada en concreto ha surgido del asunto, más allá de los grandilocuentes anuncios sobre su alcance.
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También se mencionó que, de plano, el presupuesto del año entrante cubriría el adeudo de la administración gallardista, sin que se sepa qué fue del recurso que se dejó de pagar.
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Pero mientras esto ocurre, no se le abona un solo peso
al endeudamiento.
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Por cierto, se reniega de las prácticas del pasado en Pensiones, como el uso de empresas extranjeras para realizar inversiones, que siempre conllevan un riesgo, y esta administración mantiene inversiones con Sunport, una institución financiera ubicada en San Antonio, Texas, que sindicalistas ya habían apuntado, desde el sexenio de Fernando Toranzo, como sospechosa.
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A fines de marzo pasado, Rita Salinas Ferrari apenas cumplía un año al frente del Colegio de Bachilleres de San Luis cuando fue abruptamente destituida por el gobernador Ricardo Gallardo Cardona.
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La explicación semioficial entonces fue que no había podido sostenerse ante la presión del sindicato de trabajadores de la institución educativa.
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El estilo volátil del gobernador Ricardo Gallardo Cardona se manifestó semanas después al cambiar la versión de la salida de la exfuncionaria al señalar que fue por irregularidades en una compra por una suma de 300 mil pesos.
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A finales de este año, los reportes de auditoría del Instituto de Fiscalización Superior del Estado revelan, sí, irregularidades, pero en una escala mu-
cho mayor.
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Casi 30 millones de pesos. De poco más dela mitad de esa suma, el Cobach no supo definir su destino, mientras que casi 12 millones de pesos más, por beneficios laborales injustificados, que el Colegio otorgó a altos directivos.
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El reporte no indica quiénes fueron los receptores de los bonos impugnados.
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Pero si era tal el desorden administrativo en el Cobach, no sorprende la salida de su directora. Lo que sorprendería es que, si se comprueba una anomalía punible, ésta quedara en la impunidad.
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¡HASTA MAÑANA!