Como en casi todo lo humano hay cosas que parecen buenas, pero que en realidad son malas y al revés volteado.
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Que los agentes del orden, los policías, y sobre todo lo más cercanos a la gente: los del ámbito municipal ganen bien para que no caigan en tentaciones es una necesidad palpable, entendible y hasta lógica.
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Desde el Poder Ejecutivo estatal se ordenó, a través de un decretazo, que las alcaldías le paguen al menos 14 mil pesos al mes a sus agentes, todo ellos sin pedirles a los alcaldes su opinión y sin preguntarles si al menos tienen recursos para cumplir con esta obligación.
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No tenemos muy claro, aún, si el Poder Ejecutivo estaría facultado por la ley para intervenir de esta manera en el manejo de los dineros de los ayuntamientos. Si pueden definir el pago de empleados de otro ámbito de gobierno, pero, al menos que se sepa, nadie repeló.
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En la Capital, por mencionar sólo un ejemplo, se dice que los agentes policiacos ya ganan eso y aún un poco más. Es más, se presume, que los capitalinos son los agentes mejor pagados de la entidad e incluso se encuentran muy bien ubicados a nivel nacional.
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En este sentido, pues ni cómo justificar a la agente que hace unos días fue exhibida en redes sociales recibiendo una mordida de parte de un motociclista. Para su mala suerte ya no forma parte de la corporación.
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Pero bueno, ahora resulta que los 59 municipios deberán informar al Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública (SECESP) y al Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE), en los primeros 20 días hábiles del enero de cada año, si cumplieron o no con el pago del salario mínimo establecido.
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Para ello, las alcaldías entregarán copia de la publicación del Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal que corresponda y ahí mero, deberán identificar los tabuladores de remuneraciones autorizados para las y los oficiales.
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También deberán incluir la base de datos de la nómina de los elementos de Seguridad Pública y copias de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) correspondientes, relativo al último pago del ejercicio inmediato anterior y de la primera quincena del ejercicio en revisión. Eso sí, por única ocasión para este 2026, tendrán que remitir al Secretariado Ejecutivo dicha información, a más tardar el próximo 31 de agosto.
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Esperamos saber si municipios tan pequeños como Villa de La Paz o Cerro de San Pedro, tienen el dinero suficiente para cumplir con la disposición impuesta por el Gobierno del Estado. No se menciona tampoco, que tipo de responsabilidad enfrentarán los alcaldes a quienes no les salgan las cuentas y nada más no les puedan cumplir a sus guardianes del orden.
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Y pues llegó el momento de ver quién es quién en el Poder Judicial. La permanencia de 64 jueces y juezas será sometida a revisión a partir de septiembre, mes que serán sometidos a una evaluación que deberán aprobar con una calificación mínima de ocho.
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La prueba se saber será aplicado ante el Tribunal de Disciplina Judicial, la nueva instancia que forma parte de la estructura creada a partir de la reforma al Poder Judicial y que sustituyó al Consejo de la Judicatura. Pasar esta evaluación será necesario para que las personas juzgadoras puedan continuar en sus cargos y mantener la chamba.
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Cabe señalar que estas 64 personas juzgadoras llegaron a sus puestos a través del primer proceso de elección judicial y llevan casi un año en funciones. Ahora deberán demostrar que además de ser carismáticos, le saben algo a esto de impartir justicia.