Hace unas semanas, el Congreso del Estado dio entrada a una iniciativa ciudadana para reformar la Ley Estatal Electoral, que ponía candados al “chapulineo” de diputados entre fracciones, dentro de un catálogo de medidas que frenaban otros excesos y privilegios de partidos y candidatos.
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Lo notable fue que la propuesta fue minimizada en la Gaceta Parlamentaria, publicándola sin la debida formalidad y ocultando incluso, sin motivo, el nombre del promovente.
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Ayer, una propuesta de la legisladora de Redes Sociales Progresistas, Gabriela Martínez Lárraga expone totalmente lo opuesto: levantar las limitantes para que un diputado cambie de bancada.
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La conveniencia a los intereses de los diputados se reflejó en que, de inmediato, varios legisladores apoyaron la propuesta.
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No es aventurado prever cuál será el destino de las dos iniciativas. Los múltiples antecedentes sobre el oportunismo de los diputados han sido demasiado evidentes.
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El gobierno del estado hizo ayer oficial lo que en la práctica es un doble recorte al financiamiento de las organizaciones de asistencia social.
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En 2021, el presupuesto estatal preveía la entrega de 65 millones de pesos a 108 organizaciones educativas, culturales y de asistencia social.
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Para este año, el nuevo gobierno trastocó un esquema que llevaba años para dejar esos recursos a manos del DIF estatal.
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Esto generó inquietud en algunas de las dependencias, que vieron en riesgo su principal fuente de ingresos, y en algunos casos, la única.
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Ayer confirmaron sus temores cuando el gobernador Ricardo Gallardo Cardona detalló el nuevo esquema que reduce en 25 millones de pesos el presupuesto de asistencia social y deja fuera a casi 70 instituciones.
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Ahora, se repartirán 40 millones de pesos a 40 “auténticas” organizaciones.
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¿Cuáles son los parámetros para determinar que éstas instituciones son realmente auténticas? El mandatorio no lo explicó, pero sí cuáles fueron las circunstancias excluyentes: su origen era “político” y habían sido fundadas por ex funcionarios.
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Un señalamiento de esa naturaleza debería ser aclarado sin dejar dudas, especialmente el ángulo de la eficacia de las acciones de las instituciones, puesto que en sí, el origen de sus fundadores debería pasar a segundo plano si cumplen a cabalidad con sus fines.
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A menos que se configure algún desvío de los recursos públicos entregados, algo que no se señala específicamente en la información estatal.
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Habrá que esperar si el gobierno gallardista revela los parámetros utilizados para la selección y da a conocer con claridad por qué dejó sin presupuesto a decenas de instituciones de asistencia social.
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¡¡HASTA MAÑANA!!