El domingo por la noche, la violencia llegó a lo que se ha convertido en el centro de reunión familiar por excelencia: la plaza comercial.
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La violenta muerte de un joven en Citadella representa otro límite traspasado por los criminales, que se agrava por la impunidad del caso, pues pese a que el asesino del hombre lo esperó dentro de la plaza comercial, lo asesinó y pudo huir.
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El Gabinete de Seguridad se ha empeñado en establecer que el asesinato fue originado por una venganza, esforzándose al máximo por espantar al fantasma de la delincuencia organizada. Como si el crimen fuera menos por ello.
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El asunto es demasiado grave como para no hacer nada. Las autoridades de seguridad de los tres niveles de gobierno deberán cambiar los operativos de vigilancia en los centros comerciales.
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Para ello, y en aras del bien mayor, las empresas privadas deberán ser obligadas a permitir el acceso de elementos de corporaciones policiacas.
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El asunto es que la delincuencia en San Luis ha cruzado ya demasiados límites sin que nadie pueda detenerla.
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Ayer, las redes sociales difundieron el video de una discusión entre elementos de tránsito, presuntamente de la capital, con los responsables de un vehículo que fue inmovilizado por no haber pagado el parquímetro o porque se venció el tiempo.
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Obviamente, cada parte defendía su punto de vista, hasta que el automovilista perdió el control y le dio una cachetada al agente.
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Desde luego que este ataque indebido justificó la detención de los responsables. Sin embargo, no se puede dejar de apuntar que el lenguaje soez que manejaron los ciudadanos era compartido por el agente agredido.
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En ningún caso es permisible esta conducta, pero se supone que los agentes, como representantes de la autoridad, deberían tener el criterio suficiente para evitar acudir a las agresiones verbales. Habrá que ver si en el departamento de Tránsito toma cartas en el asunto.
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El exfiscal general del estado, Federico Garza Herrera, hoy secretario de la UASLP, está de nuevo en la polémica por deficiencias y anomalías relacionadas con los esfuerzos oficiales para la búsqueda de personas desaparecidas.
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Primero fue la revelación sobre la “donación” de la base de datos de material genético recabadas por la dependencia, a contracorriente de los derechos de las familias de los desaparecidos.
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Ahora, su sucesor, José Luis Ruiz Contreras, señala que la búsqueda de personas en San Luis está afectada por la falta de equipo en el centro forense.
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El detalle es que la administración anterior anunció que el centro estaba listo, al menos en su primera etapa, y que dentro de la inversión, se adquirió dicho equipo.
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Se trata de una erogación de 32.5 millones de pesos. ¿Habrá de nuevo silencio del exfiscal?