Primero los trabajadores del Poder Judicial del Estado y ahora, los bomberos metropolitanos. Parece que el servicio público potosino está presentando serias dificultades en sus relaciones laborales.
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Con pocos días de diferencia, dos dependencias públicas enfrentan problemas laborales por la falta de pago. Eso sin contar las ocasiones en que la burocracia estatal, agrupada en los dos sindicatos más grandes y combativos del Ejecutivo, han tenido sus choques con la Oficialía Mayor.
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Algo está pasando con el modo en el que las dependencias públicas se están relacionando con su base laboral y todo se reduce a la cuestión de que la parte patronal no dispone de recursos.
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El hecho justifica una explicación, pues se supone que los presupuestos están diseñados con antelación y, en teoría, deberían estar
disponibles.
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Pero en el caso del PJE no fue así, y los bomberos, aunque no son responsabilidad directa de las autoridades, dependen del erario y no están recibiendo los recursos necesarios.
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Las consecuencias las vemos ahora en las calles, con servidores públicos protestando por ingresos insuficientes o con adeudos que no deberían ser.
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El refuego interno en el PRI no cesa y cada vez más se ve a una dirigencia estatal aislada que se atrinchera en la vieja sede de Luis Donaldo Colosio.
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En cierto sentido, el PRI potosino es lo que Alito Moreno ha hecho del partido a nivel nacional: un reducto de cercanos que actúa con fiereza ante la más mínima muestra de disidencia.
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En estas condiciones, el PRI potosino se aleja cada vez más de la posibilidad de conformar una oposición efectiva que ofrezca un contrapeso al poder hegemónico de la 4T en el estado y, a su vez, una opción atractiva para la ciudadanía.
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En torno al misterioso accidente con explosivos de la semana pasada en El Pedregal, las autoridades parecen enfocadas en la empresa PyroSmart de Zacatecas, la fabricante de la sustancia pirotécnica utilizada como explosivo para romper bancos de piedra, acción que dejó dos heridos.
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Es claro que esa compañía actuó de manera irregular, pero también es necesario indagar quién la contrató para trabajar en un predio de la capital.
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No vino a ofrecer un servicio por cuenta propia. Un particular o una empresa debieron adquirir la sustancia usada como explosiva y contratar el servicio de la compañía de Zacatecas.
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El caso puede derivar en un escenario de impunidad que sentaría un serio precedente si no se llevan a todos los involucrados a responder por sus acciones.
¡HASTA MAÑANA!