Un tanto fuera de radar, pues los procesos que enfrenta ante el Instituto Nacional Electoral y la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP son más llamativos, surge otro expediente contra Ricardo Gallardo Cardona.
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Siendo de corte electoral, este expediente no está directamente vinculado a la contienda electoral, sino a su etapa previa. Y tampoco está directamente relacionado con el gobernador electo que, de hecho, fue sancionado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación e incurrir en propaganda personalizada irregular.
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El centro del litigio es que la Cámara de Diputados se niega a imponer la sanción ordenada por el tribunal.
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¿San Lázaro protegiendo a uno de los suyos? Tiene toda la pinta. No sería la primera vez que la Cámara de Diputados se resiste a imponer una sanción a un legislador.
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El TEPJF ya amagó a la Cámara con sancionarlo si se sigue resistiendo a castigar al gobernador electo y es posible que lo siga haciendo, pero seguramente no le será nada agradable al gobernador electo recibir una sanción a pocos meses de asumir el cargo.
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Tras el rechazo del Congreso local a una solicitud hecha el año pasado para que se autorizara un aumento de emergencia a la tarifa camionera, los permisionarios amagan con que el servicio se suspendería por inanición financiera.
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Lo que resulta un poco ilógico, pues si el sector resistió lo peor de la pandemia, cuando el pasaje se redujo al mínimo, se esperaría que con la reanudación casi total de las actividades, los ingresos mejorarían.
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La Secretaría de Comunicaciones y Transportes del gobierno estatal deberá estar mejor informada sobre las cifras del transporte urbano y pudiera revelar la realidad
al respecto.
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En todo caso, no queda sino recordar que el servicio de transporte urbano es una concesión del estado y que se puede revertir ante el incumplimiento de
los permisionarios.
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Ayer se mencionaba en este espacio que los problemas de pago del gobierno del estado con el servicio médico para la burocracia estarían por hacer crisis.
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Testimonios de trabajadores y líderes sindicalizados confirmaron la versión. Si bien no se ha cancelado el servicio, sí se ha limitado de manera extraordinaria debido al adeudo de 60 millones de pesos.
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Es de suponer que la pandemia de Covid incrementó el gasto en servicio médico de la burocracia estatal, pero de esta contingencia ya se tenía conocimiento desde el año pasado, por lo que la previsión presupuestal debía haber sido anticipada desde entonces.
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Como sea que haya ocurrido esto, el gobierno estatal está en problemas y, por extensión, la administración entrante también.
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¡HASTA MAÑANA!