Parece que, gracias a la vacuna, al exceso de confianza o al hartazgo con la enfermedad, muchos dejaron de percibir a la pandemia de coronavirus como la mayor amenaza a la salud pública del mundo, pero ahora, con la variante Ómicron (o sin ella en San Luis, hasta ahora), en las últimas fechas han surgido elementos que pueden verse como un reproche al descuido.
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Desde centenares de cancelaciones de vuelos a nivel mundial hasta avisos de que el estado puede regresar al semáforo amarillo o que la UASLP contempla regresar al sistema remoto, nos habla de que la pandemia está lejos de ser dominada.
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Y como hace un año, las fiestas navideñas presentan un excelente caldo de cultivo para que el virus se extienda. Las advertencias de reducir lo más posible el contacto en estas festividades no han faltado.
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Y de la Secretaría de Salud estatal se hace la advertencia sobre “datos preocupantes”. Es una lástima que la dependencia no hubiera hecho el llamado público al gobernador Ricardo Gallardo y al alcalde Enrique Galindo, para que limitaran, o de plano, suspendieran los actos multitudinarios a los que han convocado en las últimas semanas.
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Decoraciones navideñas y conciertos con populares estrellas en todo el estado se han convertido en enormes polos de atracción de miles de personas, lo que facilita al virus extenderse.
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Los mismos actos de los gobernantes, como entrega de despensas o presentación de programas, se han hecho sin el respeto debido a las restricciones sanitarias.
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Qué bueno que la Secretaría de Salud hace la advertencia sobre el incremento de casos, pero es necesario que también lo extienda a las autoridades, que se han convertido en promotoras de un entorno favorable a los contagios.
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En el Congreso del Estado siguen en asueto y los diputados no se van a permitir interrumpirlo para explicar las causas por las que abrirán la chequera legislativa para hacer millonarios gastos, incluyendo el retorno de los apoyos para gasolina a algunos diputados.
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Pero esa tranquilidad navideña podría romperse en fechas muy cercanas, pues pronto se harán fuertes reclamos ante lo que se presenta como una mañosa estrategia, por lo que respecta a los apoyos para combustible, para compensar el reciente recorte de percepciones de los diputados.
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Hablando de situaciones amañadas, el Congreso sigue escamoteando los datos públicos que está obligado a publicar. Y para ello, recurre a mecanismos cada vez más groseros.
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Es el caso del reporte de cheques que emitió el Congreso en noviembre. Dicho archivo no fue publicado en la Plataforma Estatal de Transparencia y en su lugar se presenta el archivo de remuneraciones de los trabajadores del Congreso.
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¿Una equivocación? Sabiendo los antecedentes de los diputados, lo más probable es que no.