La fase 3 de la pandemia de coronavirus fue declarada ya y las cifras emitidas por la autoridad federal anticipan el impacto brutal que viene. Tan solo ayer, el número de muertes atribuidas a la enfermedad duplicó al peor día previo
en decesos.
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Y los casos positivos siguen incrementándose de modo tal que sólo será cuestión de tiempo para que el impacto total de la pandemia se resienta.
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En ese marco, el gobierno federal traspasa nuevas obligaciones a los gobiernos estatales, que deberán ahora asegurarse de que las poblaciones de municipios infectados y de los que no presentan casos, también deberán supervisar las labores de reconversión del servicio de salud, así como llevar un control de los casos locales.
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No se dice abiertamente, pero también se encargará de determinar hasta qué grado se endurecerán las acciones para garantizar el aislamiento social.
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Y es claro que deberán tomar esa decisión. El aislamiento no es aceptado por todos, y en varios sectores de la capital, la población sigue saliendo de sus casas.
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La plaza de Tequis es una verbena diariamente y en camellones, sitios cercanos a parques e incluso en la vía pública, las personas sigue ejercitándose o paseando a
sus mascotas.
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Más pronto que temprano, las autoridades locales deberán ser menos permisivos con quienes no respetan la sana distancia y, respetándo los límites legales que protegen las garantías, ejercer sus atribuciones para proteger el bien común.
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El menosprecio del cumplimiento de la legalidad y la falta de costumbre para conocer el sentir de la ciudadanía sobre acciones de las dependencias públicas que le competen o le afectan ha sido una constante en el Estado potosino.
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Un ejemplo de ello ha sido el desdén con que el gobierno del estado y la alcaldía capitalina han tratado a las comunidades indígenas en aspectos como la definición del Plan Estatal de Desarrollo o los planes urbanos. Ambos niveles de gobierno han tenido que corregir acciones, obligadas por instancias judiciales o defensoras de los Derechos Humanos.
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Ahora es el turno del Congreso del Estado, que deberá deshacer la reforma a la Ley de Asistencia Social por la omisión de no convocar a una consulta a las personas con discapacidad.
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La Suprema Corte de Justicia de la Nación revirtió la reforma y dejó en entredicho al Congreso, que se verá obligado a corregir.
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El que también reculó fue el diputado Cándido Ochoa Rojas, que a pesar de una actitud desdeñosa ante la oposición mostrada por la CEDH a su propuesta de legalizar el aislamiento forzoso, matizó la dureza de su propuesta de modificar la Ley de Salud.
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El legislador realizó una modificación a su propuesta, matizando la responsabilidad de las autoridades sanitarias, al cambiar el obligatorio “deberá” por un eventual “podrá” en las acciones para rastrear y confinar a presuntas personas infectadas.
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Que el diputado repensara las consecuencias de su iniciativa podría evitarle al Congreso otro revés en las cortes.
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¡HASTA MAÑANA!