Otra vez, los diputados exhiben una gran generosidad… con el erario. Como era de esperarse, la Junta de Coordinación Política (Jucopo) concretó el rito de cada fin de trienio: beneficiará a los trabajadores por honorarios con lo que, en la práctica, es un bono de marcha.
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En su sesión del pasado 3 de septiembre, la Junta aprobó la propuesta del presidente del órgano colegiado, Mauricio Ramírez Konishi y de la Oficialía Mayor una “gratificación única adicional” al personal de honorarios asimilables que laboró durante el último trimestre de la Legislatura.
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La prestación es nebulosa, toda vez que ya en otras ocasiones, se objetaba la obligatoriedad de la medida. A diferencia de los trabajadores con base, que sí tienen derecho a una indemnización si son despedidos, a los de honorarios no habría por qué gratificarlos por el término de la relación con el Legislativo.
Pero no será así. Los diputados de la Jucopo aprobaron una gratificación equivalente a la parte proporcional trabajada de 50 días del presente ejercicio fiscal y la parte fraccionaria de otros ocho días.
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Los afortunados recibirían el regalo legislativo el domingo 12, tres días antes del término de la Legislatura.
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No está de más recordar en algún momento de esta legislatura los testimonios de empleados contratados por esta vía de que, en realidad, sólo accedían a una mínima parte de su salario, y por consiguiente, de sus prestaciones, pues la tajada del león era de los diputados que patrocinaban su contratación.
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Y siguiendo con el Congreso, quizá por primera vez en la historia reciente de la Jucopo, por primera vez testó el acta de una de sus sesiones.
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El motivo sería el caso del vehículo legislativo usado en varios robos a hoteles.
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El documento, corresponde a la sesión del 11 de agosto y presenta testado el punto VII de la orden del día, así como el desarrollo de ese punto.
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La Jucopo alegó que en ambos puntos se hacía referencia “a una investigación de carácter administrativo que amerita su secrecía, garantizar el debido proceso, respeto a los derechos humanos y presunción de inocencia”. Por lo que se amparó en la Ley de Transparencia para impedir difundir de qué se trataba el asunto.
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Por otras vías, se pudo averiguar que en el punto se trataba de una serie de demandas presentadas por el extitular de la Dirección de Servicios Internos contra algunos legisladores y otros funcionarios legislativos. Que el asunto está al rojo.
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Cuando es no, es no. Es el mensaje que envía el Ejecutivo al presentar un recurso de revisión de un amparo que le obligaba a nombrar al titular de la Procuraduría Urbana. El gobierno estatal tiene meses de retraso en el cumplimiento de esa responsabilidad.
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La organización Cambio de Ruta logró el amparo de la justicia federal ante esa anomalía, pero ayer fue notificada de que el Ejecutivo objetó el fallo y pidió su revisión.
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Al mantener la omisión y dado el mínimo tiempo que le queda a su gobierno, parece que la intención es dejarle el asunto a los que vienen.
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¡HASTA MAÑANA!