Hay motivos para preocuparse por la economía, pero por desgracia, los malos números que presentó ayer el Inegi pueden ser el preludio de un desastre mayor.
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El reporte sobre la actividad económica en los estados muestra que San Luis sumó un cuarto trimestre en números rojos, resintiendo especialmente el sector manufacturero, el puntal de la economía potosina, la baja más pronunciada.
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Pero lo reportado ayer apenas corresponde al primer trimestre de este año, es decir, hasta marzo. En las últimas dos semanas de ese mes se decretó la paralización de actividades económicas, pero el impacto fuerte contra la economía se dio en los meses subsiguientes.
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Falta tiempo para que el INEGI emita el reporte del segundo trimestre de este año, pero es obvio que el desempeño económico no mejorará, antes, empeorará.
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La manga ancha concedida a la Secretaría de Salud local para la contratación de cualquier bien o servicio que se considere necesario para combatir la expansión del COVID-19 en el estado está generándole ruido a la entidad.
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Transparencia Mexicana dio a conocer ayer un estudio sobre el cumplimiento de las entidades a sus obligaciones de difusión de datos sobre sus adquisiciones de este tipo de bienes y servicios, y el estado potosino se ubica entre los que presentan un cumplimien-
to cero.
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Para el organismo ciudadano, la Secretaría de Salud no ha cumplido en transparentar con exactitud qué ha comprado, a quién se lo ha adquirido y cuánto ha pagado.
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Hay que recordar de que, casi desde el inicio de la pandemia, la Secretaría de Salud emitió un acuerdo que le evitaba el proceso de licitación de sus adquisiciones y le posibilitaba el adjudicar directamente los contratos. Unos cien millones de pesos han sido erogados en contratos con esa modalidad.
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En la Secretaría de Salud les incomoda hablar de transparencia y se escudan en que primero es la atención de la pandemia. No deben olvidar que sí, la prioridad es el COVID, pero que también están obligados a rendir cuentas.
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La delincuencia, al igual que el coronavirus, no afloja y los asesinatos no paran de registrarse.
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Las víctimas están en todos los estratos sociales, incluido el universitario. La comunidad estudiantil de la Facultad del Hábitat reporta el asesinato de un alumno de la institución.
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Hoy, por la vía de la consejería y la sociedad de alumnos, presentan un reclamo vía un desplegado, en el que exigen a las autoridades se haga justicia.
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Una respuesta pronta a esa demanda podría evitar la escalada del conflicto. Sin embargo, es conocido que son muy escasas las posibilidades de que eso ocurra.
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¡HASTA MAÑANA!