Si el exsecretario de Salud Miguel Ángel Lutzow Steiner se decide a emprender acciones legales contra los funcionarios de la Fiscalía General del Estado, que presentó los cargos que lo metieron a la cárcel; los jueces del Poder Judicial del Estado que lo condenaron y los testigos, a la vez que funcionarios, que atestiguaron en su contra, podría sentar un precedente.
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Es raro que esto suceda. Regularmente, en San Luis Potosí, cualquier ciudadano al que se le lanza toda la fuerza del estado para llevarlo a la cárcel, hace todo lo posible por evitar una confrontación. Buscando que el eventual daño que pueda recibir no se incremente, optan por el silencio.
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De hacerlo, no la tendría fácil, pero la ventaja que tendría es que el campo de batalla legal se daría en el ámbito federal.
Pero el mero hecho de que una víctima del poder haya optado por contraatacar ya es algo notorio.
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Entre más afirma el gallardismo que Soledad de Graciano Sánchez se va a separar del Interapas, más parece que no quieren hacerlo.
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Hace poco, se dio una oleada mediática de señalamientos de que el proceso se iba a acelerar, poniéndole incluso una fecha al inicio del proceso.
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Ahora, la alcaldía capitalina reveló que el proceso ya acumula dos semanas detenido... y no se observa que vaya a reiniciar pronto.
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Aprovechó también para exhibir los inconvenientes que implicaría que el ayuntamiento vecino desertara del organismo.
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Únicamente el gallardismo, en específico, la alcaldía de Soledad, sabe si el proceso de separación seguirá y, si es el caso, a qué velocidad lo haría.
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La novela, parece, sigue lejos de terminar.
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Entre decomisos, acusaciones y detenciones, San Luis Potosí se está ubicando como un nodo muy importante del huachicoleo fiscal.
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El decomiso de ayer realizado en la entidad es una muestra de esa situación.
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Esto habla de que los responsables de esta modalidad de evasión fiscal ven en San Luis Potosí algún tipo de atractivo o facilidad para realizar su negocio.
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Se avizora un nuevo frente del pleito del gobierno estatal y la alcaldía. La Secretaría de Cultura hizo público un posicionamiento en el que reclamaba que la alcaldía no le otorgaba permisos para realizar eventos culturales.
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Otra vez, los permisos son utilizados como armas para el pleito político entre ambas instancias.
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El Ayuntamiento ha reclamado que la Contraloría General del Estado bloquea obras relevantes, usando sus atribuciones relacionadas con autorizaciones.
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No es impensable que el gobierno municipal esté tomando revancha de ese bloqueo, aprovechando los permisos que puede conceder, o negar.
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Pero ya sea pasos a desnivel o un concierto lo que esté en medio de la disputa, los que enfrentan el riesgo de perder, son los ciudadanos.