Bajo la controversia desatada por el hallazgo de siete cuerpos en los límites entre San Luis y Zacatecas y la detención, por autoridades del vecino estado, de cuatro integrantes de la Guardia Civil del Estado, subyace un juego macabro.
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Se trata de lo que parece una batalla en la que las municiones son los cadáveres de personas asesinadas en las poblaciones de esa zona limítrofe.
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Ambas autoridades insisten en señalar que los cadáveres que han aparecido en esa área, como los siete de la nueva disputa, y cinco más que fueron hallados en Ahualulco en días pasados, son de personas asesinadas en una entidad, trasladadas al vecino y tiradas en territorio ajeno.
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Ya sea obra de los criminales responsables, o de alguna instancia oficial, más preocupada por que en el conteo de homicidios no figuren esas víctimas, que por resolver los crímenes, cualquier alternativa es aterradora.
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En algunos sectores de la UASLP se vio con preocupación la aparición de personajes vinculados al Congreso del Estado en el movimiento de catedráticos que se inconformó con la formación de la terna de la que saldrá la persona que dirigirá la Facultad de Derecho.
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El diferendo sobre la “invitación” al rector Alejandro Zermeño Guerra a que comparezca ante el Congreso local quedó en un punto muerto, toda vez que ni el rector ha aceptado asistir al Congreso ni los diputados están dispuestos a acudir a las instalaciones universitarias.
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Con ello, la posibilidad de que el Congreso busque meter mano en el proceso, en represalia al desaire, es vista como una posibilidad real en el lado universitario.
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El asunto se complica porque algunos integrantes de la disidencia en Derecho han presumido acercamientos con instancias estatales.
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A esta polémica le queda aún mucho por resolverse.
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El asunto de la ruptura entre Veolia, la empresa que tenía concesionada la operación de la planta de tratamiento de aguas residuales del parque Tenorio, y la Comisión Estatal del Agua parecía un asunto salvado. Pero parece que no.
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En febrero del año pasado, la empresa de proyectos hidráulicos anunció que dejaba de operar la planta por la finalización del contrato, tras 18 años de relación.
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La empresa operaba con una subsidiaria, Aguas de Reúso el Tenorio SA de CV (Artesa). Tiempo después, reclamaba el pago de una deuda de 310.1 millones de pesos, que la CEA redujo después a 231 millones de pesos, y el asunto acabó en un amago de demandas.
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La CEA indicó que contrataría a una nueva operadora, pero ante el fracaso para conseguir una, la dependencia dijo que la operaría.
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El asunto salió ayer del olvido con la publicación, en el Periódico Oficial del Estado, de la notificación por edicto a Artesa de un oficio dentro del expediente RESC/ADM/CEASLP-001/2024, del 11 de noviembre, de la rescisión del contrato, ese que supuestamente había vencido en febrero pasado.
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Y no sólo eso, el documento indica que la decisión no perjudicaría el cobro de penas convencionales o la garantía de terminación de contrato por parte de la CEA, que instruyó a su área legal a que “inicie acciones legales” para la recuperación de montos presuntamente indebidos y demás consecuencias legales.
O sea, que hay pleito a la vista.