A ocho meses de haber finalizado el año pasado, autoridades del gabinete de seguridad del gobierno de San Luis Potosí, se revelan los resultados del ejercicio 2019 del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) y se puede concluir que la inversión no fue productiva.
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La partida de 178 millones de pesos no pudo evitar que la incidencia delictiva rebasara las expectativas al final del año, sobre la incidencia de delitos por cada cien mil habitantes.
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Curiosamente, el porcentaje con que este indicador rebasó la meta estimada inicialmente fue igual a la proporción con que el número absoluto de denuncias de 2019 superó al de 2018: 36 por ciento.
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El resultado es negativo a todas luces. Lo más preocupante es que, si bien la pandemia de COVID-19 ha propiciado una reducción de un buen número de delitos, los crímenes atribuidos a la presencia de la delincuencia organizada en la entidad presentan un crecimiento preocupante.
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Tanto en cifras como en saña, como se puede apreciar en el cruel asesinato de una pareja de Matehuala.
La pandemia se ha convertido en la prioridad para las autoridades, y es lo deseado. Pero también se espera que los funcionarios de los tres niveles de gobierno no pierdan de vista la terrible situación en que ha caído la seguridad en San Luis.
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Los socios potosinos de Desarrollo Logistik, entre los que están los hijos del ex gobernador Marcelo de los Santos Fraga, recibieron una exposición probablemente indeseada en Monterrey. por Pablo Villarreal Cantú, uno de los fundadores de los terrenos donde se asientan las últimas grandes empresas asentadas en la entidad.
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En medio de la esgrima epistolar con un diario regio, que publicó una nota que el empresario, encarcelado y en espera de extradición por un fraude bancario del que lo acusan en EUA, Villarreal Cantú insinuó que entre los socios potosinos están “el hombre más rico del Estado, otro hijo del ex gobernador Marcelo de los Santos Fraga, y otro, hermano del ex secretario de Promoción Económica, ambos en el periodo del gobierno en donde se materializó el Parque Logistik II”.
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El empresario señaló que en el tiempo en el que se dieron los jaloneos entre dos grupos de accionistas, que incluyeron algunas acciones ilegales, Marcelo de los Santos Anaya era contador externo, auditor y comisario de la sociedad, y su hermano, Carlos, integrante del consejo de administración de Desarrollo Logistik. Y que ellos firmaron las auditorías de la sociedad en dichos años. Es decir, de alguna manera los hace copartícipes de las consecuencias legales que pudieran derivarse de esos documentos.
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En el asunto, ya hay una orden de aprehensión en contra del accionista regio Juan Carlos López Rodríguez, por presuntas ventas ilegales de predios industriales, entre ellos, los que ahora son sedes de BMW y KCSM.
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Lo que se veía como un negociazo, terminó en un litigio.