Pues si alguien pensaba que las visitas frecuentes de Andrés Manuel López Obrador al estado o el papel de Juan Manuel Carreras López de “amortiguador”, desde la Conago de la tensa relación, entre el tabasqueño y los gobernadores iba a redundar en algún efecto positivo para el estado en materia presupuestal, se equivocó de manera absoluta.
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El estado no fue bien tratado en el presupuesto 2021. Tanto en el gasto que la Federación proyecta ejercer en la entidad, como las partidas para el estado y los municipios, se planean dolorosos recortes.
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Es innegable el enorme lastre que significa la pandemia de COVID, pero la irregular distribución de recortes y aumentos en el presupuesto de las entidades debe ser un indiciador.
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También habrá que revisar el desempeño fiscal del estado. A mayor recaudación, mayores partidas federales. Sea por acción de la pandemia u omisión de las autoridades fiscales, pero las arcas estatales resintieron el impacto.
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Queda la esperanza en la Cámara de Diputados, en donde la negociación de los legisladores podría arrancarle algo más al presupuesto. Pero la cobija es demasiado corta.
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El Sistema Estatal Anticorrupción parece condenado a la controversia. Atorado por inacabables controversias y jaloneos, apenas en este año pudo completar su integración.
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Y lo primero que hacen los integrantes de sus dos organismos fundamentales: la Secretaría Ejecutiva y el Consejo de Participación Ciudadana es recurrir a un mecanismo que si no es corrupción, debe estar emparentado.
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Desde el año pasado, el presupuesto estatal previó 6 millones de pesos al SEA, pero como hasta este mes empezó a laborar formalmente, esa cantidad no se ejerció.
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Ahora, en el SEA pretenden gastar en tres meses lo correspondiente a un año, lo que crea situaciones bizarras, como que su secretario técnico devengue entre septiembre y diciembre, una cantidad ridículamente alta, superior al salario del gobernador e incluso hasta del presidente.
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O que la dependencia adquiera autos para cerca de la mitad de sus funcionarios o que, en plena época de pandemia, se destinen casi 900 mil pesos a salidas, congresos y convenciones.
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Es probable que la intención de ese diseño presupuestal sea evitar una eventual devolución a las arcas estatales de lo que no se ejerza o que, al devengar menos, la partida para el año entrante no sea de la misma cantidad.
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Pero las formas importan y el organismo encargado de combatir la corrupción se estrena como una entidad voraz.
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Además, se va a provocar una distorsión en el diseño del presupuesto del SEA para 2021. Para sostener una estructura salarial como la planteada, el presupuesto se debería aumentar tres veces más de lo previsto en este último trimestre. Es decir, de 6 a 24 millones. Es simplemente imposible, más con un presupuesto a la baja.
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Si para el año entrante, se mantiene la misma cantidad, esos seis millones deberán repartirse en 12 meses. Cuando ocurra, veremos una disminución dramática en las percepciones.
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Cualquier cosa que ocurra, el SEA seguirá metido en la polémica y las dudas sobre el cumplimiento de sus responsabilidades.
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¡HASTA MAÑANA!