La administración de Juan Manuel Carreras López le está dejando una generosa cantidad de combustible a la frase que se ha convertido en el mantra del gobierno de Ricardo Gallardo Cardona: la herencia maldita.
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El viernes pasado, la Secretaría de Finanzas entregó al Congreso del Estado el documento de la cuenta pública correspondiente al tercer trimestre del año, el último que le correspondió a la administración carrerista.
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Como “regalo” de despedida, el documento reveló la existencia de un millonario litigio con el SAT. No está claro si el aviso lo dejó la pasada administración o la nueva le metió mano al documento. Hay que recordar que si bien lo entregó el nuevo gobierno, la inmensa mayoría de las cifras, y las realidades que reflejan, le corresponden a la administración anterior.
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De confirmarse la existencia del litigio, representa un duro golpe a las finanzas estatales, pues el SAT no se anda por las ramas para cobrar lo que cree que es suyo.
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El gobierno gallardista debe mantener informada a la ciudadanía de este asunto.
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Por otro lado, el último reporte de cuenta pública de Carreras López choca con la versión de los 20 mil millones de pasivos que maneja su sucesor.
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La cuenta habla de ocho mil 645.6 millones de pesos de pasivos, entre aquellos de largo y corto plazo, una cifra muy inferior a la expresada por el gobierno de Gallardo Cardona.
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El soledense no es el primer gobernador que se queja de haber recibido un gobierno endeudado, pero a diferencia de sus antecesores, no ha sido tan preciso.
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Fernando Toranzo y Juan Manuel Carreras coincidieron en que, en los primeros días de su administración, hicieron público un reporte pormenorizado de la deuda que recibían, no sólo la bancaria, sino de otras dependencias del Ejecutivo.
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Eso no lo ha hecho este nuevo gobierno, que sólo ha esgrimido la cifra de 20 mil millones de pesos sin desgranarla.
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Y es importante que lo haga, porque ya está empezando a generar el escenario de que un crédito es inevitable, dado el mal estado de las finanzas públicas.
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El gobierno gallardista necesita algo más que esgrimir el espantapájaros de la “herencia maldita” para justificar la hipoteca de las finanzas estatales.
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Sobre todo si renuncia a generar ingresos propios en aras de programas eminentemente populistas como el de las placas y licencias gratuitas.
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Por cierto, pese a la alharaca propagandística del primer día de las licencias gratuitas, llamó la atención un requisito para tramitar la nueva licencia: conseguir una “carta compromiso” de la Secretaría de Seguridad Pública.
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¿Qué tiene que intervenir una instancia de seguridad pública en un trámite de tránsito? ¿Hay que entregarle información sensible a una dependencia que tiene entre sus filas a funcionarios que no generan confianza alguna, como José Luis Urban Ocampo?
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La alcaldía capitalina se suma a la tendencia impuesta por el gobierno del estado de reclutar personas foráneas para asignarles cargos de instancias locales.
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Interapas tendrá un director que estuvo al frente del organismo de León, Guanajuato, el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León, Enrique Torres López.
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El alcalde Enrique Galindo Ceballos dio las mejores referencias de él. Más vale, porque se enfrenta a un organismo terriblemente emproblemado, que requerirá capacidad, pero también honestidad y transparencia para salir adelante.