Tanto que se cuidaron los diputados promotores de la reforma electoral que aplaza el inicio de los comicios hasta el enero de 2024 de que no se ligara este proceso a la municipalización de Pozos, para que venga el gobernador Ricardo Gallardo Cardona a tirarles el teatro.
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Desde que la iniciativa se presentó, se esgrimió el dudoso argumento de generar ahorros como el gran justificante de trastocar el proceso electoral.
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Y como no queriendo, también se dejaron ver en la iniciativa dos o tres renglones que mencionaban que el traslado de fechas le permitiría a los diputados realizar otras modificaciones a la norma electoral, que tenían el estado de pendientes.
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Cuando se les preguntaba a los legisladores más interesados en la reforma, los del Verde, si la prisa por lanzar la fecha hasta enero se debía a que se corría el riesgo de que el municipio 59 no se creara a tiempo para ser incluido en la elección de 2024, las respuestas eran negativas.
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También la promotora de la iniciativa, la morenista Nayeli Vargas insistía en rechazar su versión y defendiendo, no con mucha precisión, su argumento del ahorro. De inicio, dijo ignorar cuánto se dejaría de gastar con la modificación legal. Pero luego aseveró que serían 15 millones de pesos los que se dejarían de gastar.
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Pero tras la votación, reconoció que sus compañeros legisladores montaron la municipalización de Pozos como motivo alterno de la reforma.
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Gallardo Cardona le quitó la careta al asunto al reprochar de manera directa a los cinco diputados que votaron en contra de la reforma electoral de no apoyar la municipalización de Pozos.
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Los “rebeldes”, la bancada panista, un priista y un independiente, fueron acusados de plegarse a la línea de sus dirigencias (¿el gobernador no sabe el sentido de la palabra oposición?), y felicitó a los que no se dejaron amedrentar por sus “titiriteros”. El único “opositor” del que se sabe que votó a favor fue el priista Alejandro Leal Tovías, como ya es su costumbre
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Pero con un gobernador que quiere unanimidad en las iniciativas que impulsan él o su partido y que decide unilateralmente el presupuesto que se destinará al proceso de municipalización, parece que el titiritero y los títeres son otros.
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La Comisión Federal de Competencia Económica aprobó la compraventa del terreno que estaba destinado a la armadora de Ford que Donald Trump arrebató a San Luis, y que acabará en manos de una subsidiaria de la acerera canadiense Steel Dynamics. El fallo favorable del expediente CNT-057-2023 por el pleno de la Comisión desde el pasado 22 de junio.
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Quién sabe por qué el Ejecutivo se ha tardado en informarlo, pues apenas hace unos días, informó el Congreso que la autorización estaba pendiente de concretarse.
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Como sea, la millonaria operación inmobiliaria superó el candado que la mantenía en suspenso.
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¡HASTA MAÑANA!