En el Poder Judicial del Estado, los beneficios de la nómina trascenderán a la muerte. Al menos la de los magistrados y los consejeros de la Judicatura.
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El Periódico Oficial del Estado publicó un nuevo lineamiento en el acuerdo general 164 del Pleno del Consejo de la Judicatura, en el que se equipara al fallecimiento al retiro o a la imposibilidad de desempeñar funciones por incapacidad física o mental para entregar el haber de retiro a los magistrados, previo al fin de su periodo de ratificación o
de reelección.
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La suma, equivalente a un año de salarios de los funcionarios, que en 2020 ascendía a 943 mil 905 pesos para magistrados y consejeros y un millón 068 mil pesos para el titular del PJE.
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Así, dicho Poder sienta las bases para que sus miembros reciban beneficios de la nómina aunque fallezcan.
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Hablando de gastos y de quienes los deciden, en octubre, la Junta de Coordinación Política entregó un contrato de 580 pesos a una empresa para que generara entre octubre y noviembre, las síntesis informativas diarias.
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Lo anterior extraña porque el Congreso dispone de un área, dentro de su Dirección de Comunicación Social, que realiza de manera eficiente esa tarea.
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Más extraño aún, la Junta dispuso para ese fin que se tomara la cantidad de la partida para donativos a instituciones sin fines
de lucro.
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Es de suponerse que los diputados priorizan el mantenerse informados que apoyar a instituciones de asistencia social en pleno de
una pandemia.
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Por cierto, parece que la evasión de responsabilidades fue la respuesta del Congreso a la confirmación de las trapacerías financieras cometidas por la pasada Legislatura hecha
por la ASE.
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Formalmente, la contestación fue decir que los diputados ya no pueden hacer más en materia de sanciones, lo que le correspondería a la ASE.
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La afirmación es falsa, toda vez que la Ley de Responsabilidades de los Funcionarios Públicos establece en su artículo 11 que “En caso de que la Auditoría Superior y las Entidades de fiscalización superior de las entidades federativas detecten posibles faltas administrativas no graves darán cuenta de ello a los Órganos internos de control, según corresponda, para que continúen la investigación respectiva y promuevan las acciones que procedan”.
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El órgano de control interno, es decir, la Contraloría legislativa, debería de ser la que continúe la indagatoria e imponga sanciones.
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Quizá en esta Legislatura hayan recordado el dicho ese de “Cómo te ves, me vi; como me ves, te verás”.
¡HASTA MAÑANA!