El fiscal general de estado, José Luis Ruiz, intentó ayer de nueva cuenta arrojar luz sobre las cifras de los migrantes y mexicanos secuestrados por células criminales en Matehuala. No tuvo éxito. Cabe reconocer que el fiscal es abogado y no matemático, pero las confusiones en las cuentas más que un error parece un intento desesperado por construir una realidad paralela, no apegada a los hechos.
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Y ¿cómo no?, al panorama resulta francamente desolador y sobre todo confuso. Señala el fiscal que del grupo inicial de 23 personas extraviadas fueran localizadas 17, entre ellas los dos operadores uno de las cuales falleció debido a los golpes recibidos. ¿Qué le pasó a las otras seis personas faltantes?, quien sabe, el servidor público ya ni siquiera se esforzó en dar alguna hipótesis sobre su destino. Muy difícil de entender resulta también lo sucedido con los viajeros procedentes del Estado de México. Otros 16, quienes al parecer, “sólo” habrían sido asaltados, de acuerdo a la versión del fiscal, quien señaló que simplemente siguieron su viaje al norte.
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Lo que realmente le interesaba al funcionario era presumir los “otros logros” de las autoridades: que al final de cuentas habían encontrado a otras 70 personas, entre migrantes extranjeros y ciudadanos mexicanos que simplemente tuvieron la mala fortuna de estar en lugar equivocado en el momento equivocado.
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Lo cierto es que las versiones de las autoridades potosinas han dado lugar más a la “chacota” de los comentaristas nacionales que al análisis serio del grave problema de inseguridad que se registra en el Altiplano norte de la entidad y ante ello a nuestras autoridades no les ha quedado más que repartir culpas: lo mismo para el alcalde de Matehuala que con los mandos de la Guardia Nacional en la entidad. El gobernador cuestiona incluso, ¿por qué no fueron detectadas antes este tipo de situaciones que se viven en las carreteras potosinas?
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Lo que si resulta sorprendente, pero a la vez justificado, es el anuncio de que se está siguiendo una línea de investigación en contra del alcalde de Matehuala, Iván Estrada Guzmán. ¿Cómo es posible que desaparezcan decenas de personas en su municipio y él no se dé ni por enterado? Es cierto, algunos de los viajeros rescatados fueron localizados vagando en el desierto, pero otros estaban en casas de seguridad, vigilados por presuntos delincuentes que fueron arrestados. ¿La policía municipal no sabía nada?, ¿nunca vio nada sospechoso? Podría entenderse que algunos agentes estuvieran amenazados, pero lo peor es que se confirmara que en realidad son un eslabón más de la larga cadena de complicidades sin la cual no se puede entender la operación de este tipo de grupos criminales.
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Que falle el ducto que conduce agua a la capital desde la presa El Realito ya ni siquiera debería ser noticia, sin embargo, el impacto social es aún destacado. Los habitantes de al menos 30 colonias, de la zona urbana metropolitana, no puede volverse un tema cotidiano e intrascendente. Se reconoce el esfuerzo de Interapas y del Ayuntamiento capitalino quienes con pipas distribuyen agua sin costo a los damnificados por las fallas, pero no es suficiente y prueba de ellos son los numerosos camiones cisterna que pueden observarse en las calles de las colonias afectadas.
No pocas las familias que tienen que desembolsar entre 250 y hasta 450 pesos por un viaje de pipa para llenar sus cisternas y tanques de azotea. Otro aspecto novedoso en la falla del ducto es que ahora se registró en la mancha urbana, a un lado de la avenida Salk, en el sur de la capital.
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Por fortuna es una zona poca habitada, pero se imagina lo que sucedería si se rompe el tubo más adelante, en la zona donde ya hay casas cerca de las cisternas de distribución. ¿Cuánto daño causarían y quién pagaría las indemnizaciones correspondientes?
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¡HASTA MAÑANA!